Desde enero los que piden asilo deben esperar en México que se resuelva su caso. Un juez californiano ha ordenado frenar la medida.
Donald Trump y su política contra los inmigrantes volvió a chocar contra la Justicia de su país. Un juez federal de California ordenó impedir al Gobierno de Estados Unidos poner en práctica su última iniciativa para desalentar la inmigración. Desde enero, la policía fronteriza podía aceptar una petición de asilo en un puerto de entrada, pero dejando que la persona esperara en México que su caso llegara a juicio. El juez bloqueó esa disposición y eso supone alivio para más de 300 personas obligadas a quedarse en territorio mexicano en espera que se resuelva su petición de asilo.
Las autoridades mexicanas sostienen que no existe ningún acuerdo entre los dos Gobiernos para aceptar a esos demandantes de asilo, pero tampoco han hecho nada por impedirlo.
Este viernes entrará en vigor la decisión del juez a la que el Gobierno puede recurrir pidiendo que se levante la prohibición cautelar mientras se resuelve la denuncia. Como parte de la medida, los 11 migrantes en cuyo nombre se presentó la demanda deben ser readmitidos en Estados Unidos para ser procesados dentro del sistema de inmigración con normalidad.
Desde 2018 se registra un aumento de la llegada a Estados Unidos de familias con niños provenientes de Centroamérica que, en todo caso, ingresen en modo legal o sean detenidos, solicitan asilo. Las limitaciones legales a la detención de niños y el enorme retraso en los juzgados de inmigración están provocando el colapso del sistema de inmigración, que está organizado para aceptar hombres solos y no familias enteras. El sistema se ve obligado a dejar libres los peticionantes, lo que Trump considera una burla a su política antiinmigratoria.
Dentro de esa estrategia, la Administración puso en marcha en 2018 la política de “tolerancia cero” que resultó en la separación de niños de sus padres, de forma que los padres se quedaban detenidos mientras los niños pasaban al sistema de acogida. Miles de niños fueron separados hasta que la indignación general fue tal que esa política se revirtiera, aunque todavía hay niños que permanecen separados. El Gobierno admitió que pretendía que la crueldad de la medida sirviera para desincentivar la migración.
