Las fiscal general de Venezuela desafía al Gobierno

Las fiscal general de Venezuela desafía al Gobierno

Luisa Ortega Díaz ha sido una autorizada aliada del chavismo. Pero desde hace meses se opone al avasallamiento que el Poder Judicial y el Ejecutivo se pretenden realizar en perjuicio del Legislativo.

El enfrentamiento institucional que se vive en Venezuela alcanzó un nivel crítico con la denuncia presentada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que está cuestionando no sólo la convocatoria de una Asamblea Constituyente, sino también la conformación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos integrantes habrían sido nombrado de acuerdo a su cercanía con el chavismo y sin tener en cuenta los mecanismo previstos por la ley.

Ortega Díaz ha sido una antigua aliada del proceso bolivariano, sin embargo en marzo manifestó la violación del principio de separación de poderes, cuando el Tribunal Supremo pretendió anular la función del Legislativo delegando para tal función la Sala Constitucional del mismo. La fiscal general ha abierto un contencioso contra el presidente Maduro quien ha convocado a una Asamblea Constituyente para modificar a favor del chavismo el funcionamiento de las instituciones, ante la evidencia de haber quedado en minoría, incluso a nivel popular. El mecanismo de conformación de la Constituyente que se pretende aplicar beneficiaría el oficialismo.

Este lunes, desde la oposición, hubo una movida para unirse a la querella de Ortega Díaz, lo que provocó que la Sala Electoral del Supremo Tribunal, controlada por el chavismo, no admitiera la petición de la fiscal por “inepta acumulación de pretensiones”, es decir, por pedir en el mismo escrito la nulidad de las actuaciones de distintos órganos de los poderes públicos.

Ortega Díaz replicó con la solicitud de un antejuicio de mérito contra seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional que, a finales de marzo, mediante dos sentencias, liquidaron las competencias del Parlamento y otorgaron poderes dictatoriales a Maduro; una medida cautelar para que los magistrados de esta Sala se separen de sus cargos; y la desincorporación de 13 magistrados principales y 20 suplentes designados por el chavismo poco antes del fin del mandato de la anterior Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.

El nombramiento de los jueces cuestionados no siguió los carriles previstos por la propia Constitución. “El Gobierno pretende desmantelar al Estado y conspira para alterar la forma republicana, como está establecida en la Constitución. No es solo a través de un acto de fuerza como se conspira contra la nación, sino también con sentencias”, declaró ayer Ortega Díaz.

Esta coincidencia entre la fiscal general y la oposición reunida en torno de la Mesa de la Unidad (MUD) no es ideológica, sino que se debe al interés de evitar que el régimen se quede con la totalidad del poder, y siga ignorando las protestas que desde hace meses ponen de manifiesto el fracaso del chavismo y la pretensión de imponer a todo el país su ideología. En más de una oportunidad, en efecto, la oposición ha dado muestras de no estar demasiado interiorizada con el proceder institucional y democrático. Por lo que parece prematuro inscribir, sin más, a Ortega Díaz entre los integrantes de la oposición. El tema, más bien, es si la fiscal general podrá resistir a la embestida que se prepara contra ella, y que posiblemente cuestionará su salud mental.

 

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