Un tribunal de Tegucigalpa identificó a los sicarios y organizadores del ataque a la ambientalista, pero quedan todavía impunes los autores intelectuales.
Cuesta 2.200 dólares matar a alguien en Honduras. Y cuando es necesario realizar el trabajo sucio se puede recurrir a un ex militar que puede tener contactos con uniformados, reclutar a los sicarios, realizar las tareas de inteligencia para determinar el momento en el que cometer el crimen y mantener informados a los mandantes.
Es lo que han determinado los jueces que han emitido el fallo condenatorio contra siete de los imputados del asesinado de la ambientalista Berta Cáceres. Se sabrá más adelante la pena aplicada a los culpables, en Honduras el homicidio puede recibir 50 años de cárceles. Mientras tanto, se reconoció la culpabilidad de los tres sicarios que dispararon contra Cáceres el 2 de marzo de 2016, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa DESA (Desarrollos energéticos), que construiría la presa hidroeléctrica a la que la ambientalista y la organización que lideraba se oponía frontalmente.
El gerente de comunicaciones de DESA y el ex jefe de seguridad de la empresa habrían planificado asesinar a Cáceres, cuya actividad irritaba a los directivos. Para ello contrataron también a un instructor de la Policía Militar y miembro activo del Ejército de Honduras. En cinco semanas de sesiones el Tribunal reconstruyó los hechos. Sin embargo, organizaciones como CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) y Amnistía Internacional consideran que “los autores intelectuales del asesinato aún están en impunidad”. De hecho, parece difícil que alguien de la empresa haya tomado una decisión de este tipo en soledad. Los siete se habrían coordinado con el presidente de la compañía, David Castillo, detenido en marzo y que sigue un juicio paralelo. El fallo confirma lo que se sabía: que las protestas lideradas por Berta Cáceres molestaban a los directivos de DESA, que un mes antes del asesinato ya habían intentado eliminarla. Los ejecutivos de DESA estaban al tanto de las inteligencias sobre los movimientos de la ambientalista por whatsapp. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que ha presenciado el juicio, la sensación de que quedaron impunes los mandantes.
“A pesar de la existencia de una sentencia (…) la justicia hondureña tiene pendiente demostrar su compromiso con la verdad e identificar a todas las personas que planearon y ordenaron el asesinato de la defensora Berta Cáceres”, señaló Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Como gesto de “buena voluntad”, DESA ha abandonado el proyecto hidroeléctrico que intentaba modificar el recorrido del río Gualcarque.
En 2015, la labor de Berta Cáceres fue reconocida con el prestigioso Goldman Enviromental Prize. Su muerte provocó la indignación mundial exigiendo justicia.
