Los once jueces del Tribunal Supremo fallaron unánimemente que la orden del primer ministro de suspender el Legislativo es de nulidad insanable.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, sigue acumulando reveses políticos en su tentativa de imponer una salida de la Unión Europea sin acuerdo alguno con el bloque para el 31 de octubre. Esta vez, recibió una mala noticia del Tribunal Supremo del Reino Unido que este martes falló, y con un veredicto unánime, al considerar “ilegal” la suspensión del Parlamento dispuesta para evitar precisamente que se trate el tema de cómo salir de la Unión Europea. La firma de la reina Isabel, anotan los jueces, fue sobre un papel en blanco, ya que la orden del premier era nula de origen.
Los 11 jueces de la máxima instancia judicial tenían que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por Johnson y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que se trataba de una competencia política y no judicial.
Johnson dispuso el cierre de las dos Cámaras, de los Comunes y de los Lores, el pasado 9 hasta el 14 de octubre, cuando la reina Isabel II inaugurará un nuevo curso parlamentario, pero el escenario cambió luego de que la Justicia determinara que la medida es “nula” y queda “sin efecto”. El tribunal ha incluso reprochado al Ejecutivo que fuera incapaz de dar, durante tres días de vista pública, razones convincentes para justificar su decisión. Tras conocer el fallo, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, pidió este martes que las sesiones del Parlamento sean reanudadas “sin retraso”, y comunicó a los medios que consultará a los líderes de las formaciones políticas los pasos a seguir “con la mayor urgencia posible”.
Si el Supremo otorgaba la razón al gobierno, el Parlamento se debía mantener suspendido hasta la fecha prevista. Pero en este caso, en que los jueces consideraron que Johnson no actuó conforme a la legalidad, la reapertura de las cámaras depende de los términos en los que esté redactada la sentencia. El propio Ejecutivo había avanzado tres posibles escenarios en caso de quede perder en los tribunales:
– El tribunal puede dictaminar que la suspensión fue ilegal, pero su argumentación puede dejar abierta la puerta a que el gobierno vuelva a prorrogar el Parlamento durante el mismo periodo de tiempo, pero por un procedimiento legal.
– Los jueces pueden decidir que la única opción legal es que el primer ministro ordene reabrir el Parlamento antes del 14 de octubre. En ese caso, sería necesario organizar una ceremonia de reapertura de las cámaras antes de lo previsto.
– Por último, el Supremo puede declarar ilegal la suspensión y considerar que el Parlamento nunca ha entrado en receso, por lo que las sesiones podrían continuar con normalidad. En este caso, el gobierno considera que podría volver a intentar suspender el periodo de sesiones.
Uno de los dos procesos contra la decisión de Johnson se inició en los tribunales ingleses por iniciativa de la activista y empresaria Gina Miller, a la que se sumó el ex primer ministro John Major. “La duración excepcional del periodo de suspensión en este caso es una clara prueba de que el motivo del primer ministro era silenciar al Parlamento durante este periodo, porque ve al Parlamento como un obstáculo para avanzar hacia sus objetivos políticos”, sostuvo ante el Supremo el abogado de Miller, David Pannick.
El segundo proceso, en Escocia, lo inició un grupo de 75 parlamentarios, encabezados por la diputada del Partido Nacionalista de Escocia (SNP) Joanna Cherry. El letrado que representa a ese grupo, Aidan O’Neill, sostuvo que la suspensión del Parlamento responde a “motivos espurios”, para evitar el escrutinio de las cámaras legislativas.
El abogado del Estado para asuntos escoceses, Richard Keen, en representación del gobierno, había indicado por su parte que los tribunales “no deben cruzar la frontera e inmiscuirse en los asuntos parlamentarios”, pero aseguró que el Ejecutivo dará “todos los pasos necesarios para cumplir con cualquier dictamen de los tribunales”. Al ser cuestionado durante el juicio por la posibilidad de que Johnson trate de prorrogar el Parlamento de nuevo, detalló que esa “sería una decisión del primer ministro”.
La sentencia está llamada a ser un precedente histórico que interviene en la arquitectura constitucional del Reino Unido y los límites en la separación de poderes. El país no cuenta con una carta constitución escrita, sino con un conjunto de prácticas consolidadas.
