Por tercera vez, el Poder Judicial ha rechazado los recursos interpuestos por el Gobierno de los Estados Unidos para seguir con la iniciativa de vetar el ingreso al país de ciudadanos de 7 países.
Luego de dos días de deliberación, los jueces de la Corte de Apelaciones no aceptaron los argumentos presentados por el Gobierno de los Estados Unidos para levantar la medida cautelar de un juez que paralizó el veto al ingreso de ciudadanos de 6 países islámicos durante 120 días y de Siria en modo permanente.
Los magistrados señalan en el fallo que el Gobierno del presidente Donald Trump no aportó “ninguna prueba” acerca de la amenaza que representarían para el país los refugiados provenientes de los países en cuestión (Iraq, Yemen, Sudan, Libia, Somalia, Irán y Siria). La medida, cabe recordarlo, causó grandes revuelos, provocando problemas en los aeropuertos de llegada a los Estados Unidos o los de partida a unas 60.000 personas, algunas ya residentes en el país, otras con los documentos requeridos para viajar tramitados en los consulados, y permitiendo una aplicación de las autoridades fronterizas juzgada como arbitraria.
El Gobierno argumenta que es necesario negar la entrada temporalmente a estas personas mientras se elabora una nueva política de inmigración. Pero los jueces responden que los argumentos presentados no han “demostrado que la aplicación sea necesaria para evitar un daño irreparable”.
Por otra parte, la denuncia presentada por los estados de Washington y Minnesota contra el decreto de Trump, a la que un juez de Seattle dio lugar, decía que frenando la aplicación de la orden no hay ningún peligro, ya que lo único que hace es mantener el statu quo que había hasta ahora. Y el fallo dice que el Gobierno no ha conseguido probar que no sea así.
Además, los jueces añaden: “El Gobierno no ha mostrado ninguna prueba de que ningún extranjero de los países nombrados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos. En vez de presentar pruebas que expliquen la necesidad de la orden ejecutiva, el Gobierno ha adoptado la posición de que no debemos (es decir, no lo puede el Poder Judicial siendo una medida de seguridad, NdR) revisar su decisión de ninguna manera. No estamos de acuerdo”.
Fiel a su estilo, el presidente Trump respondió a través de Twitter: “¡Nos vemos en los tribunales! ¡La seguridad de nuestra nación está en juego!”, aludiendo a la intención de recurrir ante la Corte Suprema.
Hasta el momento, los jueces no han entrado en el mérito de la constitucionalidad de la orden ejecutiva, sino en la pertinencia de su suspensión cautelar mientras se resuelve la denuncia presentada por Washington, Minnesota y otros contra ella, caso en el que sí se analizará si la medida es constitucional.
La valoración de los magistrados se ha limitado a analizar si es más perjudicial aplicarla, con la posibilidad de que luego sea declarada ilegal, o no aplicarla y que luego sea declarada legal. En general, la Justicia concede amplios poderes al Ejecutivo en materia de inmigración. Sin embargo, un fallo de este tipo indica que los jueces aprecian posibilidades de éxito en la demanda de inconstitucionalidad, por eso le conceden la medida cautelar. Y los argumentos presentados por el Gobierno han sido considerados muy endebles.
La decisión de los jueces, tanto el de Seattle como los integrantes de la Corte de Apelaciones, ha derivado en un enfrentamiento entre el presidente y un poder del Estado en el que Trump ha usado municiones gruesas, llegado a usar la expresión “pseudojuez” al referirse a uno de ellos.
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