Un oficial ex comandante de un grupo de elite describió cómo ejecutaban a inocentes para encabezar las estadísticas de guerra y recibir incentivos monetarios o permisos.
Uno de los mayores temores de los sectores políticos que adversan los acuerdos de paz con la ex guerrilla de las FARC, es que éstos incluyen también la reconstrucción de la verdad de lo ocurrido durante ese largo conflicto. Hay dos herramientas para el esclarecimiento de las causas de la guerra y de graves crímenes cometidos, una es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, un organismo extrajudicial que trabaja en determinar históricamente (y no jurídicamente) lo ocurrido. La Comisión es presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, una figura de mucho prestigio, y tiene un primer mandato de tres años que finaliza en 2021. La segunda herramienta es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que puede disponer la aplicación de penas alternativas en los casos en que los acusados de crímenes acepten colaborar en determinar la verdad de los hechos y se comprometan en no repetir hechos. El problema para sectores radicalizados de la derecha es que quebrar el muro de silencio sobre la violencia armada, implica revelar los vínculos políticos mantenidos con paramilitares y con militares en la violación a los derechos humanos.
No es casualidad que las confesiones de Gustavo Enrique Soto, ex oficial al mando de un grupo de elite, están provocando nerviosismo y el ex oficial ha sido amenazado. Soto ha revelado en un testimonio grabado en video cómo en su unidad se hacían desaparecer ciudadanos inocentes, a los que se ejecutaba, se destruían sus documentos de identidad para obstaculizar eventuales investigaciones. Eso permitía a su unidad figurar en el top de las estadísticas de la lucha contra la guerrilla, lo que significaba permisos o incentivos monetarios. “Quiero que ya las víctimas terminen con ese dolor que yo les generé. Quiero pedirles un perdón a todas las víctimas por este daño que yo les causé”.
La Justicia colombiana dispone de datos ciertos sobre 2.248 asesinatos de este tipo, conocidos como falsos positivos, la gran parte cometidos entre 2002 y 2008 en modo especial durante la presidencia de Álvaro Uribe, quien se opone terminantemente a los acuerdos de paz. Pero los organismos de derechos humanos consideran que los casos podrían ser más de 4.000, involucrando a varias unidades militares, altos mandos del Ejército y jerarquías políticas que permitieron esos hechos. El caso de Soto casi no tiene precedentes en Colombia, lo que supone quebrar el muro de silencio. Una posibilidad que pone nerviosos a militares y políticos, porque podría inducir a otros militares a hablar para no terminar siendo el chivo expiatorio de una cadena de decisiones que culminaba en las unidades que cometieron los crímenes. Si bien la Comisión ha recogido el testimonio de crímenes cometidos por guerrilleros y paramilitares que actuaban en la ilegalidad, en el caso de Soto hace la diferencia el hecho de pertenecer a las fuerzas armadas que, en cambio, debía garantizar la legalidad.
