Una mirada sobre la realidad carcelaria en la Argentina y en la región.
“Sólo en la medida en que comprendamos que todos estamos muy cerca de la cárcel, que ella no nos es ajena, y que entre todos producimos la cárcel y los presos que tenemos, podremos empezar a actuar para modificar una realidad que produce vergüenza y espanto.” Iñaki Rivera, prólogo al libro Hombre huye, huye de Xosé Tarrio.
El 15 de noviembre de 2018 fallecieron 4 detenidos en la comisaría tercera de Transradio, en la localidad de 9 de Abril, Partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, en ocasión de un incendio en los calabozos.
Con el avance de los días, fallecieron también algunos de los detenidos que habían sido internados en ocasión del hecho. Por lo cual el número de víctimas fatales ascendió a 10.
Es la masacre más grande en la historia de muertos en comisarías en Argentina.
Allí había 27 personas detenidas, 17 más de la capacidad de dicha comisaría, más allá de que estaba clausurada por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad.
Los obispos de la diócesis de Lomas de Zamora, a horas del dramático suceso, expresaron su “profundo dolor, pidiendo a Dios consuele a sus familias” y remarcando que “este drama es un clamor al Cielo que desnuda la situación inhumana en la que viven los presos”. Precisamente se calcula que la superpoblación en las comisarías bonaerenses es de un 290 por ciento, con un excedente de alrededor de 2900 presos.
Seguramente en la memoria de cada uno de los lectores y en la memoria colectiva de nuestro pueblo, la noticia de este motín ya no tiene registro. Sólo en el corazón de los familiares de aquellas personas trágicamente fallecidas, aún hoy hay dolor e indignación.
Como este caso, a lo largo y ancho de nuestro continente latinoamericano, la situación carcelaria es verdaderamente dramática.
En los últimos años, el incremento de la criminalidad en la región fue atendido con políticas de encarcelamiento masivo (aumento del uso de la prisión preventiva y sentencias sin beneficios como libertad transitoria, condicional, etc.)
Paraguay es el país con mayor índice de prisión preventiva (77, 9 %); seguido por Haití (71, 1%); Uruguay (68, 13%); Bolivia (68%). Argentina tiene un porcentaje de detenidos con prisión preventiva de casi el 48 %. Curiosamente en este último país se empezó a discutir sobre la aplicación de esta medida cautelar de carácter personal cuando determinadas figuras públicas fueron mantenidas en prisión sin condena firme, cosa que ya muchísimos detenidos sufrían entre las paredes de las cárceles hacía años, pero sin voz ni publicidad en los medios de comunicación.
El empeoramiento progresivo de las condiciones de vida en prisión no implica solamente hacinamiento, falta de agua, comida de mala calidad o falta de limpieza, sino también un deterioro de las condiciones de seguridad por falta de custodios (que también sufren la situación de las cárceles pero del otro lado de las rejas), ausencia de programas de rehabilitación, etc. En este contexto, el aumento de motines y la violencia carcelaria se deben a reclamos por mejoras de la situación de los presos o bien a enfrentamientos entre las pandillas que controlan los mercados ilegales que se forman al interior de las prisiones. Así, por ejemplo, el 16 de junio pasado diez presos fueron asesinados en un enfrentamiento entre miembros de grupos rivales en la cárcel paraguaya de San Pedro de Ycuamandyyu, en el departamento de San Pedro. Seis de los diez fueron decapitados, tres incinerados y otro asesinado con un arma blanca. La lucha entre presos del Primer Comando Capital y el clan Rotela, vinculado al narcotráfico, fue la causa del dramático motín.
La Conferencia Episcopal Paraguaya pidió al Gobierno declarar en situación de emergencia al sistema penitenciario a fin de que los organismos del Estado responsables del sector, puedan realizar las reformas institucionales y presupuestarias tendientes a solucionar los principales problemas de las cárceles.
“Los hechos ocurridos ponen en evidencia la precariedad y la falta de atención a las cárceles, las que se encuentran rebasadas en su capacidad de albergar a los reclusos con las condiciones mínimas requeridas“, afirmaban los obispos.
Cabe señalar que la capacidad de albergue de las prisiones en Paraguay es para 8.000 presos, sin embargo, hay 15.000 en todo el país. La principal y mayor cárcel paraguaya es la de Tacumbú con capacidad para 1.300 internos pero donde conviven en un feroz hacinamiento, más de 4.000 reos.
Sin lugar a dudas, en las cárceles coexisten tres grandes problemáticas. La primera es la sobrepoblación. Por ejemplo, en El Salvador la tasa de ocupación carcelaria llegó al 348,2% en el año 2016 y en la actualidad ronda el 375%, lo que significa que en una celda de una persona hay prácticamente cuatro: la misma presión (4 a 1) se ejerce en los baños, comidas, y programas de rehabilitación.
El segundo problema son las condiciones de vida en la cárcel. La presión del hacinamiento se traslada al resto de los servicios: por ejemplo, el 39,6% de los privados de la libertad en Brasil no tienen agua potable, el 55,5% de esa misma población no tiene atención médica, el 75,8% de la población carcelaria de Argentina considera que no tiene suficiente alimento, el 40,8% de los internos de El Salvador afirma no tener limpieza en sus baños, el 69,2% de los presos chilenos no tienen acceso a un teléfono público, etc.[1]
Por último, y como efecto de esta situación de recursos escasos y bajo control institucional, se encuentra la problemática de la violencia al interior de las prisiones. Por ejemplo, el 73,2% de los internos entrevistados de Chile afirman haber presenciado violencia entre personas privadas de su libertad, en Argentina el 10,5% de los presos afirman haber visto violaciones en la cárcel y el 2,3% haberlas sufrido ellos mismos.[2]
En el caso argentino, en el estado con mayor cantidad de detenidos, la provincia de Buenos Aires, el alojamiento de personas en establecimientos policiales, así como el hacinamiento en el sistema penitenciario, se ha ido consolidando como una componente de las condiciones de privación de la libertad.
Una serie de políticas públicas en materia criminal, que ubicaron a la cárcel como principal herramienta de solución de los conflictos sociales, han provocado que la provincia de Buenos Aires esté cerca de las tasas de encarcelamiento cada 100.000 habitantes más alta de la región.
En la provincia hay alrededor de 42.000 detenidos en cárceles[3], pero sólo hay plazas para 28.000 aproximadamente, con lo cual el hacinamiento también es brutal en las unidades penitenciarias.
Este dato sumado a la cantidad de prisiones preventivas dictadas hace que sea insostenible la situación, y que cualquier dificultad de convivencia, pelea, discusión, etc sea motivo para encender la violencia en un contexto de encierro que de por sí es violento e inhumano. (Las cárceles están superpobladas, y por lo tanto, muchos de los detenidos permanecen en las comisarías, también superpobladas, y lo que es más grave, no preparadas para alojar personas o directamente clausuradas. Como un círculo perverso sin salida).
Hasta aquí las cifras y los datos nos presentan un panorama desolador; como Iglesia estamos convencidos que en cada preso está Jesús; así lo afirma el Señor cuando dice en el Evangelio según San Mateo, estuve preso y me visitaste; cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo.[4]
En el documento de Aparecida, los obispos latinoamericanos alertaban fuertemente sobre la cuestión carcelaria continental: Una realidad que golpea a todos los sectores de la población, pero principalmente al más pobre, es la violencia, producto de las injusticias y otros males, que durante largos años se ha sembrado en las comunidades. Esto induce a una mayor criminalidad y, por ende, a que sean muchas las personas que tienen que cumplir penas en recintos penitenciarios inhumanos, caracterizados por el comercio de armas, drogas, hacinamiento, torturas, ausencia de programas de rehabilitación, crimen organizado que impide un proceso de reeducación y de inserción en la vida productiva de la sociedad. Hoy por hoy, las cárceles son, con frecuencia, lamentablemente, escuelas para aprender a delinquir.[5]
Debemos como sociedad seguirnos planteando una propuesta superadora a la cárcel como respuesta a la violencia y a la conflictividad social; la prisión ha demostrado su ineficacia, su brutal deshumanización, su no respuesta a la cuestión delictual. El sistema penal sólo capta un porcentaje mínimo de “delincuentes”, los más vulnerables, los más débiles. Decía San Oscar Romero, obispo de El Salvador: La justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos…
La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales, ni logra disminuir los índices de delincuencia. Y, además, se pueden generar graves problemas para las sociedades, como son las cárceles superpobladas o los presos detenidos sin condena… En cuántas ocasiones se ha visto al reo expiar su pena objetivamente, cumpliendo la condena pero sin cambiar interiormente ni restablecerse de las heridas de su corazón.[6]
Me permito tomar un ejemplo de la ciencia médica: durante siglos, la humanidad no tuvo respuestas eficaces frente a la problemática de las infecciones; los potentes compuestos antibióticos para el tratamiento de enfermedades humanas causadas por bacterias, tales como la tuberculosis, o la lepra, no se aislaron e identificaron hasta el siglo XX. El primer antibiótico descubierto fue la penicilina, en 1897 por Ernest Duchesne, en Francia.
Es hora que asumamos que la cárcel no es respuesta, no ha podido ser la medicina frente a la exclusión, la miseria, la violencia, la delincuencia; que tenemos que seguir pensando y creando, que necesitamos un cambio de modelo social de raíz, porque una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente “explotados” sino “sobrantes” y “desechables”.[7]
Como Iglesia tenemos que tener muy presente esto; no nos podemos conformar con cárceles más limpias, o con talleres de manualidades, deporte, prácticas de piedad y una supuesta baja reincidencia[8]; cuidado con la pastoral de los cosméticos, que muestra una cara del sistema carcelario que esconde y maquilla las raíces del problema, la cara más dolorosa de nuestra sociedad, el llanto y el grito silencioso de tantos que desde las rejas nos cuestionan.
En una carta pastoral de los obispos de Bilbao, se afirma que el fracaso de esta porción de la sociedad que constituye la población penitenciaria es también un fracaso social y, por lo tanto, nuestro.[9]
En noviembre del 2008, la Pastoral Carcelaria de América Latina y el Caribe, en una declaración afirmó que el sueño de Dios es un mundo sin cárceles, y no porque Dios sea abolicionista, sino porque en el Plan de Dios está la civilización del amor, un mundo de hermanos, sin excluidos, en paz, con justicia y sin violencia.
Hacia ese sueño debemos ir, aunque hoy la realidad carcelaria sea nuestra peor pesadilla.
*EL autor es obispo de la diócesis de Rio Gallegos, vicepresidente de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria (ICCPPC), obispo asesor de la ICCPPC, miembro colaborador de la Comisión episcopal de Pastoral Carcelaria de la CEA.
Más información y análisis sobre la temática en la edición Nº 611 de la revista Ciudad Nueva.
[1] Encuesta a población en reclusión en Latinoamérica (PNUD) 2016
[2] Cfr. Fondevila, Gustavo, Pánico, violencia y crisis en las cárceles de América Latina, noviembre 2017
[3] El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, doctor Gustavo Ferrari, expresó que “es el sistema carcelario más grande del país. Hoy, luego de cuatro años, hay 12.500 presos nuevos, 45.000 aproximadamente en total. Si contemplamos aquellos con monitoreo electrónico y los detenidos en comisarías son 50.000 personas”
[4] Cfr. Mt 25, 36
[5] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento conclusivo de Aparecida 427, Aparecida, Brasil, 2007
[6] FRANCISCO, Carta a los participantes del XIX Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal y del III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, 30 de mayo de 2014.
[7] Cfr. Op. Cit, 65
[8] Me refiero a una supuesta baja reincidencia, porque deberíamos ponernos de acuerdo si sólo reinciden las personas que vuelven a la cárcel, o también aquellas que vuelven a cometer delitos pero no vuelven a ingresar en el sistema punitivo, y de los que lógicamente, no hay registros.
[9] Cfr. Obispos de Bilbao, Carta Pastoral, 1991
