Se trata de casos de corrupción y de participación en ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Las revelaciones que han aparecido en la prensa del país, sobre casos de corrupción y sobre ejecuciones extrajudiciales, determinaron la destitución de cuatro generales. Uno de ellos, Adelmo Fajardo, era el número dos de las Fuerzas Armadas. Se lo acusa de desviar fondos para su beneficio personal y hasta ahora había sido obligado a tomarse un periodo de vacaciones, mientras el ministerio de Defensa seguía defendiéndolo. Sin embargo, su posición se ha vuelto insostenible con el transcurrir de las horas.
Por su parte, el general Francisco Javier Cruz Ricci, ha sido señalado como posible responsable de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Los militares, a comienzos de la primera década del 2000, ejecutaban a civiles para incrementar “estadísticas” de los resultados de la lucha del Ejército contra la guerrilla de las FARC.
En mayo, la ong Human Right Watch y varios congresistas de la oposición habían señalado al Gobierno que estaba ascendiendo militares posiblemente involucrados con estos asesinatos, entre ellos el recién nombrado jefe del Ejército, general Nicacio Martínez. Sin embargo, Defensa siguió con sus intenciones y ahora ha debido intervenir ante el estallido del escándalo y la aparición de más documentos acusatorios. Martínez quedó en evidencia cuando el New York Times reveló la existencia de órdenes internas que exigían a las unidades militares multiplicar la cantidad de subversivos abatidos, lo que podría acarrear nuevos falsos positivos. La orden habría sido retirada, aseguran desde la cúpula militar.
