El Gobierno de los Estados Unidos sigue preocupado por la falta de debido proceso y de juicio justo en el caso de los presos políticos en Venezuela, a la vez que anuncia que seguirán detenidos en Guantánamo 61 personas sin ningún tipo de garantía procesal.
Las dos noticias aparecen hoy simultáneamente en los diarios. Por un lado el presidente Barack Obama decretó el traslado de 15 presos de la cárcel de Guantánamo a los Emiratos Árabes Unidos. Esta cárcel ubicada en la base militar estadounidense en Cuba hospeda al último grupo de unos 60 presos de la “guerra contra el terrorismo” lanzada desde 2001 por el entonces presidente George W. Bush. En total pasaron por allí unos 800 presos.
El estatus de estas personas, más allá de los crímenes que puedan haber cometido es ilegal: no han recibido ninguna imputación, no tienen condena, no tienen defensor, no están bajo la ley militar norteamericana ni la civil. Simplemente están bajo secuestro fuera del territorio de los Estados Unidos. Todo lo que sabemos de ellos proviene de fuente militar, no hay otra.
Al mismo tiempo, el Gobierno de los Estados Unidos insistió en peticionar al Gobierno de Venezuela por la libertad de Leopoldo López y otros presos políticos, considerando que hubo una “injusta” ratificación de su condena a más de 13 años de cárcel, no hubo el “debido proceso” y “un juicio justo” en su caso y el de otros. “Estados Unidos está profundamente preocupado por la decisión de la Corte de Apelación de Venezuela de permitir que la injusticia continúe contra el preso político Leopoldo López”, dijo una portavoz del Departamento de Estado, Elizabeth Trudeau, en su conferencia de prensa diaria.
No es lo mismo el crimen de terrorismo, si aceptamos que en Guantánamo los hay, que las acusaciones que se les imputan a los presos políticos venezolanos. Y sin duda sería preferible que no hubiera presos políticos. Es una situación que pone dudas sobre la efectividad del sistema democrático venezolano. Lo que sí vale en ambos casos, son los elementales principios jurídicos que regulan estas situaciones, ya sea bajo la forma de los tratados internacionales sobre conflictos bélicos, ya sea bajo principios defendidos por la declaración de los Derechos Humanos.
Washington, con un asombroso ejercicio de doble estándar, pretende no recordarlos en un caso, que además lo involucra en modo directo, para recordarlo a sus adversarios ideológicos. En la Casa Blanca se sigue pensando que ser el país más rico equivale a poder hacer cualquier cosa.
