Trece países firmaron en Lima que condenan el gobierno de Caracas por romper el orden democrático. Maduro recibe el respaldo desde los países del ALBA.
Las divisiones que existen en la Organización de los Estados Americanos (OEA), aparecieron nuevamente ayer. Mientras que en Lima 13 países de la región firmaban un documento de condena del régimen de Venezuela en el que no reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y no habrá ningún acto jurídico de este cuerpo que será aceptado como tal, en Caracas los países que se reconocen en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) manifestaban su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
Estados Unidos, al respecto, sigue su política individual de sanciones por un lado y de negocios, por otro. Uruguay, Granada y Santa Lucía, por su parte, aunque representados en Lima, no firmaron el documento final de los cancilleres.
En Lima los países firmantes de la declaración emitida al final de la cumbre, se condena la “ruptura del orden democrático” ocurrida en Venezuela y no se reconoce la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha tomado el lugar del legítimo Poder Legislativo.
La declaración ha sido firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú. En gran parte, países que tienen importantes relaciones comerciales con el gobierno de Caracas.
En conferencia de prensa, el canciller peruano Ricardo Luna, consideró que mientras no se revierta la creación de la Constituyente, Venezuela está en “una situación de facto, que es incompatible con los derechos humanos y de la democracia en la región”.
En la declaración firmada por los cancilleres, se afirma que no se reconocerán los actos jurídicos aprobados por la Constituyente impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Además, se reconocerán solamente los contratos de obras públicas o el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela que hayan sido aprobadas por la Asamblea Nacional y no por la Constituyente.
La reunión en Lima ha sido motivada por la dificultad de alcanzar el consenso suficiente en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para aplicar la Carta Democrática, que prevé sanciones, hasta la expulsión, contra países que rompan el orden democrático. El sábado pasado, los países socios del Mercosur suspendieron indefinidamente a Venezuela precisamente por violar su orden interno. En la declaración, se aprueba esta decisión.
Explicando las razones de la falta de consenso en la OEA, el canciller chileno Heraldo Muñoz consideró que las circunstancias han cambiado y que actualmente “hay una situación de una Constituyente que no existía hace un mes atrás y eso puede significar que haya países hoy día que estén disponibles para la plena aplicación de la Carta Democrática”, explicó.
Por su parte, el canciller peruano Ricardo Luna subrayó que la crisis en Caracas “no es un problema bilateral entre Chile y Venezuela, entre Colombia y Venezuela, entre Brasil y Venezuela o entre el Perú y Venezuela, ésta es una crisis regional sin precedentes, de difícil manejo”.
En el texto firmado, además, se condena la violencia contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión y la persecución política, “la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres”.
En la reunión del Alba, en cambio, se rechaza lo que es calificada como una “injerencia imperialista” en los asuntos internos de un país y se resalta la legitimidad de los comicios electorales del pasado 31 de julio en los que se eligió a la Asamblea Constituyente. Además de Venezuela, el ALBA está conformado por Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves.
Se evidencia una división ideológica importante, que no logra hacer foco sobre el tema fundamental de qué se entiende por “orden democrático”. Y las diferencias al respecto no están solamente del lado del ALBA. La situación actual de Brasil respeta apenas formalmente la legitimidad constitucional con un presidente que se ha salvado de ser procesado por corrupción solo a través de la “subasta” de inversiones y de concesiones al lobby agrario de su país, luego de hacerse con la presidencia a través de la destitución de su antecesora, Dilma Rousseff, por irregularidades administrativas, pero con el objetivo de frenar las investigaciones de la Justicia en materia de corrupción.
No es el mejor momento para la región latinoamericana.
