La carta de la vicepresidenta Cristina Fernández y la posterior respuesta de la oposición, a través del comunicado del Club Político Argentino, bajo el análisis de José María Leonfanti.
Por estos intensos días de un 2020 que será difícil olvidar por muchas razones, han cobrado relevancia las declaraciones que la actual vicepresidenta de la Nación ha plasmado en una “carta” donde realiza un “balance” político de lo actuado, con especial mirada a la Cámara de senadores. En su texto incluye valoraciones y juicios críticos sobre el accionar de la Suprema Corte de la Nación.
Inmediatamente la oposición a través de sus fieles portavoces mediáticos y los dirigentes más reconocidos encontraron razones para construir una postura antinómica a las afirmaciones de la expresidenta. Los calificativos no reconocieron matices: “golpista”, “anticonstitucional”, “corresponde ya mismo iniciar un juicio político”, fueron algunas de las expresiones que se escucharon. Por otra parte, una agrupación denominada Club Político Argentino (Graciela Fernández Meijide -foto- es su presidenta) dio a conocer un documento sobre esa carta. En su inicio reivindica el art.10 de de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 19. El primero referido a al derecho a una justicia independiente y el segundo a la libertad de opinión y de expresión. Y fija su postura tomando solo lo pertinente a la Suprema Corte. Sobre el resto de la “carta” no se pronuncia.
Para evitar la tentación de caer en la trampa de los planteos dilemáticos, tan comunes en estos días donde parece que todo es bueno/ malo, blanco/ negro, verdad/ mentira y así en adelante, es interesante analizar la lógica de ambos textos, independientemente de acordar con uno u otro.
En la carta predomina la referencia a hechos de público conocimiento siempre alusivos a la Suprema Corte. Sobre el final aventura una hipótesis sobre posibles fallos.
Los hechos a los que se refiere es a la directa responsabilidad de ese organismo a los procedimientos denominados como “law fare”, los estrechos vínculos del por entonces presidente de la corte con el juez Moro (de Brasil, que condenó “por su intima convicción” a Lula) y el juez Bonadío. La permanencia de la única integrante mujer más allá de la edad que establece la Constitución, el intento de nombrar por DNU a dos integrantes, violando las normas taxativas establecidas por la Constitución para tal efecto sin que los restantes miembros rechazaran u objetaran tal procedimiento y obviamente con el consentimiento de los interesados, la inoperancia del organismo “que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI”. Inclusive menciona los estrechos y conocidos vínculos del actualmente nominado presidente, con un importante estudio jurídico “cuya cartera de clientes está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país”. Señala que es el único Poder que no pasa por un proceso electoral, como sí lo hacen el Legislativo y Ejecutivo, no tiene límites temporales, salvo la edad, para el ejercicio del cargo (que por otra parte ha quedado demostrado que no es tan categórico como límite) y tiene la última palabra sobre las decisiones de los otros poderes, lo que abre la puerta a una cada vez más frecuente “judicialización” de la política.
Frente a esta enumeración, uno esperaría un debate respecto a los hechos. Es decir, una discusión sobre la realidad o no de lo que se afirma, o por lo menos un señalamiento sobre la veracidad total o parcial e inclusive la negación de alguno o algunos de ellos. Y a partir de ese confronto, avanzar en alguna calificación. Sin embargo en el documento del Club Político Argentino y en las declaraciones que sobre esta carta se han venido escuchando, es difícil sino imposible encontrar argumentos que cuestionen los hechos a los que se hace mención. Al “law fare” se lo califica “fantasmal y fantasiosa conspiración”. A la declaración, como “Insólita carta pública”, “desafío y amenaza que no ahorra agravios”, “temeraria misiva”, “clara intención de borrar delitos probados (¿¿??), “reivindicación de una casta de políticos corruptos”, “cruzada contra los medios de comunicación” y “contra los periodistas” que provocará “que la mentira y el cinismo se naturalicen y la libertad se pierda”…
Finaliza el documento con la apocalíptica afirmación: “Nadie se salvará con el naufragio de la Argentina. Es tiempo de reaccionar.”
Resulta difícil sino imposible buscar fundamentos a tamañas afirmaciones. Quizás se pueda entender el tenor de este documento conociendo a quienes integran este “Club”. En el listado de socios figura un importante número de personas que fueron funcionarios del gobierno anterior o se han expresado reiteradamente en forma totalmente y absolutamente crítica a la figura de la expresidente y su gobierno. Y al mismo tiempo, no se conocen declaraciones del mismo grupo, respecto a otros hechos ocurridos durante el gobierno anterior que hubieran podido merecer algún comentario crítico. Tampoco se ha podido conocer su opinión sobre el accionar de la Corte, de algunos jueces y periodistas implicados en fundadas acusaciones sobre espionaje ilegal, operaciones de prensa armadas con la complicidad de los servicios de inteligencia, o la cooptación de falsos testigos en resonantes causas contra la expresidente y algunos de sus funcionarios.
Por otra parte, al inicio se citan artículos de documentos reconocidos internacionalmente que instan a una justicia independiente y al respeto inalienable de la libertad de expresión. No se entiende una reacción tan sobrevaluada ante una “carta” que expresa una postura que reclama recuperar una independencia que considera comprometida y lo hace ejerciendo la libertad de expresión que le cabe a cualquier ciudadano ocupe el cargo que ocupe o ninguno.
Obviamente las afirmaciones contenidas en la “carta” pueden ser rebatidas, discutidas, total o parcialmente. Pero la mera descalificación no cumple con esa posibilidad y termina reduciendo el debate a un reduccionismo político opositor, que impide ir al fondo, con argumentos que permitan evaluar lo más objetivamente posible, la pertinencia o no de lo que se afirma. Una vez más, se ha perdido la oportunidad de un debate –quizás un “diálogo” sea mucho pedir– necesario para evitar nuevos y conocidos errores en esta Argentina atribulada y a quien tanto le cuesta superar los enfrentamientos y las mutuas descalificaciones como única salida a sus problemas.
Siempre me pasa lo mismo que leo algo escrito x Leonfanti, y hago el esfuerzo de leerlo!! para que aporte objetividad a mi pensamiento… pero su evidente ideología se cuela y desacredita toda su exposición.
No voy a perder tiempo en enumerar dichos párrafos. Sólo solicito a CN, porque sé x los “filtros” que someten a cada artículo, que en política amplíen el debate ante cada publicación. Lo solicito xq considero que la ideología política involucra todo el accionar del ser humano y si queremos al menos debatir, no se caiga en los “errores” que supuestamente, se tratan de superar. Gracias!!
Coincido plenamente, no se abre debate, no se permite diálogo, solo se contesta con agravios, nunca vamos a poder crecer de esa forma, debemos interpelar nos, pero si los que buscan darnos Justicia no cumplen con las leyes, sea la edad, sea el pago de impuestos a las ganancias, no podemos pretender un País de iguales, un País de todos