El presidente de los Estados Unidos firmó una serie de medidas que amplían los controles de frontera y el sistema de vigilancia.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con la promesa electoral de levantar un muro en la frontera de su país con México. En la tarde de ayer el mandatario firmó el decreto para poner en marcha la anunciada medida, respaldada por sus seguidores.
La resolución se enmarca en una serie de medidas en tema de política migratoria. El presidente confirmó que “pone fin a la política de capturar y liberar en la frontera a los inmigrantes, hará que los países vuelvan a recibir a sus criminales, elimina las ciudades refugio, habrá 5 mil oficiales patrulleros fronterizos y aumenta el número de oficinas de migraciones y aduana”.
Actualmente, ya existe una valla que abarca unos 1.000 km de largo, del total de 3.200 km de frontera entre los dos países.
De esta manera ordenó la construcción inmediata del muro que, durante la campaña electoral y sucesivamente, aseguró que haría pagar a los propios mexicanos. Sin embargo, su tono en la conferencia de prensa en la que anunció las nuevas medidas fue menos arrogante. Trump dijo que “vamos a trabajar con nuestros amigos de México. Tengo una gran admiración por los mexicanos y estoy anticipando muchísimo la reunión con el presidente de México. Creo que podemos mejorar nuestras relaciones a un punto nunca antes visto” aseguró el presidente.
Está previsto que el próximo 31 de enero, los mandatarios de los dos países vecinos sostendrán una reunión que está bajo las expectativas de los mexicanos. En su momento, Trump sostuvo que hasta podría bloquear las remesas que los mexicanos que viven en los Estados Unidos envían para ayudar a sus familias para pagar la construcción del muro.
El presidente sostiene que de este modo “vamos a acabar con los malos, los traficantes, pandilleros, líderes de carteles, no van a poder quedarse en este país”.
En realidad, los estudios más serios acerca de la delincuencia han destacado hace tiempo que los inmigrantes son más propensos a respetar la ley que a violarla. La densa población estadounidense no está compuesta mayoritariamente por inmigrantes y menos todavía por hispanos. Por otro lado, los 11 millones de ilegales que viven en el país, son explotados por las empresas como mano de obra barata, lo que hace todavía menos racional la lucha contra esta población que vive y trabaja en el país. Su predecesor Barack Obama intentó, infructuosamente, legalizar a los extranjeros para integrarlos a un país que se ha construido sobre los flujos migratorios, de los que provienen los antepasados del propio Obama y del mismísimo Trump.
El flamante presidente ha preferido satisfacer la opinión prejuiciosa de los blancos del medio oeste rural del país, que culpa a los migrantes del desempleo o de la inseguridad. Un chivo expiatorio que no se sostiene y que tarde o temprano, como todas las mentiras, demostrará tener patas cortas.
