Ingresaron a Estados Unidos siendo pequeños. Un programa les da permiso renovable para estudiar y trabajar y no deben violar la ley.
Mañana será un día clave para los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunciará su decisión respecto del programa DACA, aprobado hace cinco años por su predecesor Barack Obama para proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. Son conocidos como dreamers – soñadores – los casi 800.000 jóvenes arraigados en el país, que estudian y trabajan, carecen de antecedentes, disponen de los estudios obligatorios, cursados en los Estados Unidos, pero que ahora podrían ser expulsados debido a que tumbar el DACA fue una de las promesas electorales del presidente.
Sin embargo, las grandes empresas han escrito a Trump invitándolo a no deportar a estos jóvenes que consideran “vitales para el futuro de nuestras compañías y nuestra economía”.
Gracias al DACA, los jóvenes disponen de un permiso renovable cada dos años para permanecer en Estados Unidos sin trabas para continuar formándose o teniendo empleo. En la carta enviada a Trump, unos 400 ejecutivos sostienen que eliminar el DACA puede provocar pérdidas por 460 mil millones de dólares en el PIB y casi 25 mil millones en los sistemas de Seguridad Social y cobertura sanitaria. Los ejecutivos de Facebook, Hewlett-Packard, General Motors entre muchas compañías figuran entre los firmantes, quienes sostienen que estos jóvenes son una de las razones que explican las ventajas competitivas globales de la economía nacional.
Las manifestaciones de Trump han sido tajantemente en contra del DACA durante la campaña, para volverse a favor de los dreamers desde que asumió como mandatario. Obama, ante la oposición de los republicanos, adoptó el plan como orden ejecutiva, lo que es considerada una intromisión del Gobierno en temas legislativos. Y parece ser el principal problema, puesto que varios líderes republicanos han pedido “arreglar” el tema, sin eliminar el programa. Por otro lado, los nacionalistas más radicalizados, que son un buen número, insisten para cerrarlo, y una decena de fiscales de Texas están dispuestos a impugnar la orden ejecutiva que lo instituye.
Existe una gran movilización de ONGs en torno al tema, pues en la mayoría de los casos, se deportarían a su país de origen jóvenes que ni siquiera hablan el idioma de su madre patria. La impopularidad de Trump podría bajar ulteriormente. Hoy es apoyado por el 37% de los ciudadanos, según los sondeos.
Otros 1,8 millones de indocumentados más podrían ser aceptados a corto o medio plazo en el programa si Trump no lo tumba definitivamente. De esta cantidad, 1 millón tienen entre 15 y 30 años.
