Somalia es en cambio el más corrupto. En América latina, Uruguay y Chile son los países menos corruptos y del lado opuesto aparecen Venezuela y Nicaragua.
Somalia y Dinamarca son los dos extremos del ranking sobre corrupción que redacta anualmente la ongTransparencia Internacional (TI). El país africano es el más corrupto en el mundo, según la medición del Índice de Percepción 2018, y el país europeo el que menos casos presenta.
La medición abarca 180 países. En América Latina, Uruguay es el que se coloca mejor, al ocupar el puesto 23. Le sigue Chile, pese a su estancamiento que dura desde hace cinco años, al ocupar el puesto 27 siendo los dos países de la región percibidos como menos corruptos, mientras que en el extremo opuesto se encuentran Venezuela (lugar 168) y Nicaragua (152).
Volviendo a la escala mundial, Siria se coloca como segundo país más corrupto, seguido por Sudán del Sur, Yemen y Corea del Norte. Del lado opuesto, Nueva Zelanda ocupa el segundo entre los menos corruptos y le siguen Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 85 puntos cada uno.
TI subraya en el estudio el “vínculo entre corrupción y salud democrática” y lo corrobora con datos: la puntuación media de las consideradas “democracias plenas” es de 75, frente a 49 de las “democracias imperfectas”, 35 de los “regímenes híbridos” y el 30 que, en promedio, obtienen los sistemas “autocráticos”.
El informe destaca, además, la fuerte caída que ha experimentado Estados Unidos, que pierde cuatro puntos con respecto al estudio previo, hasta los 71, y cae hasta el puesto 22 (antes ocupaba el 18), un descenso notable en una clasificación de gran estabilidad que ha llevado a TI a denominar a la primera economía mundial “país en observación”.
Entre las principales potencias emergentes, la India logra el puesto 78, con 41 enteros; China se sitúa en la posición 87, con 39 puntos, y Brasil le sigue en la 105, con 35. Rusia, por su parte, queda relegada al lugar 138, con 28 puntos.
Para mejorar la lucha contra la corrupción y reforzar la democracia, TI recomienda a los gobiernos “fortalecer las instituciones” responsables de controlar al poder político, llevar a la práctica las leyes sobre delitos económicos, promover el activismo ciudadano y apoyar a los medios “libres e independientes”.
