El Gobierno de su país solicitó la extradición a Estados Unidos, donde se especula que esté actualmente. Se lo acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares.
Se complica cada día más la situación judicial del ex presidente de Perú Alejandro Toledo, buscado por la justicia de su país acusado de haber recibido sobornos de la empresa constructora Odebrecht, por 20 millones de dólares.
El propio presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynki, solicitó a su par estadounidense, Donald Trump, la extradición del acusado sobre el cual hay una orden de captura internacional, en su país, una recompensa de 30 mil dólares para quien brinde información que permita ubicar su paradero actual, puesto que sólo es una especulación que esté en San Francisco. En Perú, hay una orden de carcelación preventiva de 18 meses.
Toledo recibió la noticia de la orden de arresto cuando ya se encontraba en París, desde donde negó estar involucrado con el escándalo Odebrecht. Algunos dirigentes de la compañía brasileña, confesaron que se pagaron sobornos por más de 30 millones de dólares durante la gestión de Toledo, y de sus sucesores: Alán García y Ollanta Humala. Kuczynski fue ministro y jefe del Ejecutivo durante la presidencia de Toledo. Los sobornos tuvieron el objetivo de que la empresa fuera preferida a otras para la construcción de la carretera interoceánica que unirá Perú con Brasil.
Si bien la orden de captura de Interpol ha puesto en alerta las autoridades de 190 países, en cada uno de ellos hay diferentes disposiciones legislativas relativas a casos como éste. En efecto, durante su conversación telefónica con Donald Trump, el mandatario peruano le solicitó que “en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país brinda al Departamento de Estado, se evalúe la opción de deportar a Alejandro Toledo a Perú, a fin que sea sometido a la justicia peruana”.
El pedido preventivo de extradición presentado por la Justicia peruana, deberá completarse con una documentada sobre los elementos probatorios o evidencias que convenzan a un juez estadounidense de la oportunidad de entregar a alguien que se encuentre en el país. Toledo es docente visitante de la Universidad de Stanford (California), razón por la que se sospecha que esté en los Estados Unidos.
Por su parte, el caso Odebrecht ha impulsado al gobierno de Kuczynski a tomar mayores medidas anticorrupción. En un mensaje televisado en cadena nacional, el presidente anunció que la ley impedirá que las empresas condenadas por corrupción vuelvan a contratar con el Estado. Además, se les prohibirá transferir recursos al exterior sin antes cumplir con sus obligaciones en Perú. También dijo que los funcionarios involucrados en estas actividades irregulares serán sometidos a la llamada «muerte civil», y no podrán volver a trabajar para el Estado. Asimismo, que de ahora en adelante todos los contratos de concesión peruanos incorporarán una cláusula anticorrupción. Finalmente, anunció la creación de un sistema de recompensas, para aquellos funcionarios y ciudadanos honestos que decidan denunciar actos de corrupción.
Toledo se expresó al respecto a través de su cuenta de Twitter donde afirmó: “No al linchamiento político, sí a la justicia justa”. Manifestó que no es fugitivo, que salió del Perú cuando no había cargos en su contra y la Justicia no lo había convocado para dar su testimonio en el caso Odebrecht. Toledo sostiene que se lo acusa por delitos que no cometió “y que el juzgado no puede comprobar. (…) Todos los peruanos tenemos derecho a la presunción de la inocencia y el debido proceso dentro de la ley sin distinción del color de la piel, del color político o de género”.
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