¿Qué sucede en Perú?

El martes de 10 de noviembre los peruanos se despertaron sin Presidente de la República. Y no por causa de algún grave incidente, por enfermedad o fuga del país, como lo prevé la Constitución. Entonces, qué sucedió, se preguntaba la gente.

El día anterior, en sesión extraordinaria y con inusitada velocidad, los congresistas votaron en mayoría calificada por la “vacancia” de Martín Vizcarra, hasta ese momento Presidente de la República. Se apoyaron en el artículo 113 de la Constitución que reza: “Vacancia de la Presidencia de la República por: 1. Muerte del Presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución” (traición a la Patria).

¿El Presidente entraba realmente en una de las hipótesis especificadas por la Constitución? El Congreso consideró que sí, en el punto 2: permanente incapacidad moral o física. Sin duda, una interpretación singular, si se tiene en cuenta la tradición jurídica que siempre ha interpretado esta opción en casos de grave enfermedad, con falta de lucidez mental.

No hay dudas de que los cargos de corrupción que se le imputan al ahora ex presidente son graves, si fueran confirmados por la justicia. Pero por grave que fuesen, sin juicio y sin condena, no entrarían en las motivaciones establecidas por la Constitución para destituirlo. Y menos aún, por parte de uno de los tres poderes independientes del Estado. Es por eso que hay quien hablan de “golpe de Estado por parte del Congreso” que, luego de votar por la vacancia de Martín Vizcarra, por sucesión elige a quien preside el mismo Congreso, Manuel Merino, como nuevo presidente del Perú.

Los obispos del país andino han manifiestado “la honda preocupación que ha generado en la ciudadanía el destino de nuestro país y de nuestras instituciones democráticas”. También las y los religiosos (CONFER) de todo el país lamentan “que el Congreso haya procedido a vacar al presidente Martín Vizcarra, en medio de la más grave crisis sanitaria y económica de los últimos años, aplicando dudosamente la figura de la incapacidad moral permanente, siendo que existen los procedimientos legales para investigar, procesar y sancionar al Presidente, en conformidad con la Constitución”.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha invitado a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse respecto de la legalidad de las decisiones adoptadas. Y el coro de reacciones se multiplica.

La “Mesa de Movimientos Laicales”, en su comunicado: “Rechaza tajantemente la vacancia presidencial declarada por el Congreso que produce una irreparable ruptura del proceso de vida democrático como Nación. Esta decisión se tomó con una desconcertante celeridad llevando al límite interpretativo la causal ‘Permanente incapacidad moral’, creando una situación sui generis en la que parece anularse la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo”. Y advierten que “este apresurado cambio pone en peligro, en este momento o en las semanas siguientes, asuntos de Estado tan importantes como el manejo económico, las elecciones generales (previstas para el 11 de abril 2021), las reformas en la Justicia, la ley universitaria, la elección de nuevos miembros al Tribunal Constitucional, entre otros. Nada garantiza la palabra expresada. Lo hecho hasta hoy despierta profunda desconfianza”. Y, además, expresan preocupación por “las inmediatas y futuras consecuencias de esta crisis en el manejo de la pandemia, prioridad absoluta en el presente contexto, la reactivación de la economía, la generación de trabajo digno, la mejora de la educación, la defensa de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente…”.

Mientras escribo las protestas se multiplican en todo el país, “en repudio ante todo lo que está sucediendo”, pidiendo a los manifestantes que usen doble mascarilla, gel y mascarilla facial. Un esfuerzo cívico por la defensa de la democracia.