Tres legisladores son acusados de intentar comprar votos de sus pares para mantener en el cargo el entonces presidente Kuczynski. El escándalo derivó en la renuncia del mandatario.
El escándalo por la compra de votos que finalmente produjo, hace menos de un mes, la renuncia al cargo del entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, no se detiene y puede tener consecuencias para tres legisladores.
En ese momento videograbaciones denunciaron que los parlamentarios Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, estuvieron implicados en el operativo para conseguir votos en contra de la destitución de Kuczynski a cambio de obras públicas.
La denuncia que ha sido presentada ante el Congreso peruano ingresó este martes a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la fujimorista Milagros Takayama, con lo cual se inicia el proceso de desafuero en contra de los tres acusados.
Los aludidos aparecen en los videos presuntamente negociando el voto del fujimorista Moisés Mamani a cambio de obras para su región. La denuncia es firmada por representantes de varios grupos de legisladores, tanto de la derecha como también de la izquierda.
Se sostiene que los denunciados tuvieron conductas que constituyen, por un lado, infracciones a la norma y principios consagrados en la Constitución, y por otro, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Se argumenta además en la denuncia que Fujimori, Ramírez y Bocángel crearon un sistema con el que se pretendía captar congresistas para la “compra de sus votos a través de prebendas” que consistirían en “financiamiento de proyectos, programas y obras con fondos públicos “a ser ejecutados por los diferentes niveles de gobierno: regional y local”.
La denuncia, ampliamente documentada, incluso con la transcripción de las conversaciones, será vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que tiene un plazo de 15 días para investigar y luego elevar un informe a la Comisión Permanente. Si la acusación es aprobada por la Comisión Permanente, pasará al Pleno del Congreso, donde se votará la moción de desafuero.
