Tan solo entre 2010 y 2014 se perdieron más de 300 kilómetros cuadrados de bosques amazónicos talados por cultivadores agrícolas a gran escala.
Perú debe ser más eficaz en la lucha contra la deforestación ilegal de la selva amazónica. En un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, se advierte a las autoridades estatales que hay deficiencias en la defensa de este importante patrimonio forestal, atacado por los que tienen interés en realizar cultivos a gran escala.
Tan solo entre los años 2010 y 2014 se reemplazaron 30.773 hectáreas de bosques amazónicos para cultivar palma aceitera y cacao en las regiones de Loreto, Huánuco, Ucayali y San Martín. Es equivalente a 300 km2, una vez y media la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), solo la deforestación de 6.542 hectáreas de bosques amazónicos provocó al Estado peruano una pérdida del patrimonio forestal por unos 74 millones de dólares con un costo adicional estimado para su restauración de otros 31 millones de dólares. Sumado a ello, la expansión de los cultivos de palma aceitera y cacao también generó situaciones de conflictividad en torno a la posesión y propiedad de predios privados y tierras reclamadas por los pueblos indígenas.
Ante los embates del cambio climático, la deforestación de la Amazonia es un verdadero crimen que acentúa los problemas ambientales, siendo esta región un importante pulmón no solo de la región sino del mundo.
En el marco de la supervisión se detectó que, en áreas adyacentes o cercanas a proyectos de palma aceitera o cacao, los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali vienen otorgando constancias de posesión y, posteriormente, títulos de propiedad, sin contar con la correspondiente clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, es decir sin que la autoridad competente haya determinado las características naturales de la tierra. Posteriormente, estas propiedades son vendidas a las empresas titulares de los referidos proyectos, ampliando la deforestación hacia estas áreas.
De igual manera, el Gobierno Regional de Ucayali transfirió tierras de dominio público a favor de algunas empresas, sin contar con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, la misma que solo es otorgada por el ministerio de Agricultura.
La Defensoría del Pueblo también identificó serios vacíos y deficiencias en la legislación que en materia agraria se viene aplicando, lo que origina que las empresas dedicadas a dichos cultivos actúen al margen de la ley. Situación que se debe –en gran medida– a la falta de adecuación del reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Por ello, el informe denominado “Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao: entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado” plantea al Poder Ejecutivo corregir las deficiencias e iniciar los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan. Así también la Defensoría solicita al Ministerio Público cumplir con los plazos legales de las investigaciones penales iniciadas al respecto.
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