Faltaron unos 500.000 votos para que las medidas sometidas al parecer popular se aplicaran en modo directo. Un país que lucha por la legalidad.
La consulta popular anticorrupción realizada este domingo en Colombia no alcanzó el umbral mínimo requerido para su aprobación de más de 12.140.000 votos, aunque contó con un número de apoyos considerable, siendo la primera vez que se implementaba un mecanismo de este tipo.
Votaron a favor 11.671.000 votantes, cuando era escrutado casi el total de los votos emitidos. El propio presidente colombiano, Iván Duque, comentó anoche en una alocución televisada, que más allá del resultado el país no aguanta más corrupción y que esos votos envían un mensaje de rechazo al permanente saqueo de los recursos públicos. “La lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político, no tiene partido ni ideologías. La lucha contra la corrupción es un deber moral que nos corresponde a todos y todos debemos contribuir: el Gobierno, los partidos, el sector privado, los ciudadanos, las entidades de control, el Congreso (…). La indignación del país frente al robo de los dineros de todos, frente al despilfarro, frente al desgreño, frente a la politiquería y al clientelismo, es un sentimiento generalizado que compartimos todos”, dijo el mandatario.
Duque instó al Congreso a respaldar el paquete anticorrupción que presentó su Ejecutivo al instalarse a comienzos de este mes. “He invitado a todos los colombianos a que hagamos un Pacto por Colombia. Este acuerdo nacional no puede dejar de incluir un pacto contra la corrupción. Por esa razón, invito a los congresistas, de todos los partidos políticos, a responder a este clamor ciudadano, al hastío de nuestros compatriotas, con la rápida aprobación de este paquete y la identificación de nuevas reformas. No podemos darnos el lujo de descansar un solo minuto en esta lucha. Es lo mínimo que esperan los colombianos del Congreso después de hoy”. Y anunció, además, que en los próximos días presentará, junto con la Procuraduría, un proyecto en el cual, entre otros, “se consagrará la responsabilidad penal de las personas jurídicas para endurecer las sanciones a empresas que pretendan corromper funcionarios”.
Sus palabras coinciden con la postura de los promotores de la consulta anticorrupción, quienes al cierre de la jornada de ayer consideraron que, a pesar de no haber alcanzado el umbral, la cifra de apoyos alcanzada implica un mandato “claro y contundente” al Gobierno y al Congreso para que saque adelante cada uno de los siete puntos de la convocatoria, que iban desde el recorte de salarios de los altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa por cárcel y el embargo de los bienes a los condenados por corrupción. Además, se buscaba limitar a no más de tres períodos para elegirse en una corporación pública y obligar a los parlamentarios a rendir cuentas y hacer público su patrimonio. También buscaba transparentar la contratación con el Estado y prohibir que empresas condenadas por sobornos u otras prácticas de corrupción pudieran tener contratos con el sector público.
Tratando de explicar por qué no se alcanzó el umbral de votos necesario, entran en juego argumentos como la indiferencia, el cansancio ante tantos procesos electorales en los últimos meses, cierta falta de pedagogía y hasta de resignación. Lo cierto es que de aquí en más la presión sobre el Congreso será mayor por parte de una ciudadanía que quiere ver cambios en las prácticas y en las estructuras que están obstaculizando el logro de mayores resultados en la lucha contra ese flagelo. Para ello, señala la organización Transparencia por Colombia, se requieren reformas al sistema político, un sistema judicial que debe ser más efectivo en la lucha contra la impunidad y que se acabe con el clientelismo en el empleo público y la contratación.
Como postal del proceso vivido, queda en el escenario político el desencuentro entre el presidente Duque y el senador Álvaro Uribe y ex presidente mentor del actual mandatario, quien ayer trinó por twitter contra la consulta. Uribe es acusado de varias partes de corrupción y de paramilitarismo. Y esta diferencia de posturas entre él y su ahijado político, hoy presidente, habla de una autonomía ideológica que ha sido el interrogante principal en estas primeras semanas de gestión.
