Un estudio destaca que menos del 1% de los delitos son denunciados y apenas el 3% de las investigaciones terminan con una sentencia judicial.
La contracara del auge de asesinatos que sacude México desde hace varios años, es la de un sistema de justicia colapsado, que necesita más policías estatales y más jueces para evitar “incentivos perversos, como impunidad procesal y corrupción”. La desconfianza de los ciudadanos hacia esos policías y esos jueces sigue creciendo hasta el punto de que menos del 1% de los delitos son denunciados, y apenas el 3% de las investigaciones policiales acaban en sentencia.
Son las conclusiones a las que llega el estudio que cada año realiza la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) sobre los índices de impunidad en el mundo y que coloca a México en el cuarto último lugar, antes de Filipinas, India y Camerún.
Los tres grandes termómetros con los que esta universidad privada mexicana ha medido la impunidad son los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos. México ocupa el lugar 66 entre 69 países estudiados. Según los criterios del estudio, en el que Croacia ocupa el primer puesto, la media nacional de impunidad, 69,8, está lejos de la media del índice global: 55.3.
Analizando los niveles de impunidad por Estados, México se sitúa también muy por encima del baremo máximo: 74,6. En la cúspide de la lista de las 32 entidades se sitúa el Estado de México con un índice de 80. La inmensa mole urbana que rodea la capital es el estado que registra el mayor número de investigaciones policiales y a la vez el que menos resultados obtiene. Tan solo el 8% de los casos se convierten en causas penales y únicamente el 0,59% termina en sentencia.
“Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que presenta la problemática más grave en el país”, apunta el informe, que también señala problemas estructurales de inversión en agencias y ministerios públicos, déficit en el número de jueces, magistrados y policía, además de registrar la segunda tasa más alta de delitos no denunciados –cifra negra– que a nivel nacional alcanza ya el 93,7%.
Pese a una ligera subida en el número de jueces, 3,5 por cada 100.000 habitantes, todavía se está lejos del promedio global (16). Un déficit que provoca una saturación del trabajo en los juzgados e incrementa la impunidad.
Hace dos años el país implementó un profundo cambio en su sistema de impartición de justicia. El Nuevo Sistema Penal Acusatorio introducía como elemento central los juicios orales, más trasparencia y uniformidad de criterios. Los resultados de la reforma pueden constatarse en la reducción de 35 a 27% el número de reclusos sin sentencia, una de las mayores taras de la justicia mexicana, Además, el porcentaje nacional de sentencias condenatorias pasó del 74,8 al 83%.
