La cifra se refiere a los casos que no han sido esclarecidos. Solo durante el mandato del presidente Peña Nieto, 50 mil personas han sido secuestradas.
Cada 10 de mayo, desde hace siete años, las madres de desaparecidos en México se dan cita en las escalinatas del Ángel de la Independencia, en la capital del país, para reclamar medidas para encontrar a sus seres queridos.
La semana pasada, 29 de los 50 colectivos de familiares que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México lograron llegar a la Ciudad de México, mientras que, de forma paralela, en las capitales de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Monterrey, Sonora y Michoacán, los madres de hijos desaparecidos durante la “guerra contra el narcotráfico” irrumpieron con el grito “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Los colectivos reclaman la participación efectiva de las familias en las instancias creadas a partir de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y por Particulares. Según Diana Moreno, contrariamente a las cifras oficiales, las madres sostienen que en México hay 200 mil personas desaparecidas –hombres, mujeres y niños–, que son negadas por el Estado mexicano. Al señalar que a los familiares de víctimas se les ve “como el enemigo a eliminar”, reprocharon los embates a organismos que han respaldado a quienes buscan a sus seres queridos, como recientemente ha ocurrido con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de manera particular al titular, Jan Jarab.
Presente en el evento, el funcionario recibió el reconocimiento de las madres de desaparecidos por decir “la verdad de lo que ocurre en México en la justa dimensión de la emergencia nacional”.
La concurrencia del día 10, contó con la presencia obispo de Saltillo, Raúl Vera, y del director de Amnistía Internacional de Canadá. Las madres denunciantes plantearon también cinco puntos para atender la crisis humanitaria que el gobierno no quiere reconocer.
Los reclamos exigen que las familias deben tener “participación real y activa” en las comisiones y fiscalías especializadas, nacionales y locales de búsqueda; y la promulgación de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas para que “se reconozca, proteja y garantice la presunción de vida, la personalidad jurídica y los derechos de las personas desaparecidas”. También se demanda la reforma constitucional al artículo 102 que garantice una fiscalía general autónoma, en tanto que llamaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Asimismo, solicitaron respetar la labor de ONU Derecho Humanos en México.
Entre los participantes hubo críticas al presidente Enrique Peña Nieto por no haber mejorado la situación de la seguridad en el país. Solo durante su mandato se estima que hubo otros 50 mil desaparecidos. El Gobierno mexicano reconoce en menos de 30 mil las personas que faltan de sus hogares.
