Con retrasos y problemas logísticos, los miembros de la guerrilla están desplazándose hacia los sectores previstos. El problema del vacío de poder en las regiones controladas por los guerrilleros y la violencia contra los líderes sociales.
Se amplía el plazo para que unos 6.300 ex milicianos de las FARC se concentren en las áreas destinadas a recibirlos mientras se realice el proceso para desmovilizarse, entregar las armas e ingresar a la vida civil con las garantías de protección de las fuerzas de seguridad de Colombia.
Hubo dificultades para acceder a las 19 zonas indicadas (veredales), para trasladarse desde las bases de los ex guerrilleros, y retrasos en la construcción de los dormitorios, falta de agua potable, electricidad y servicios sanitarios. La complejidad de los operativos hizo que se acordara ampliar el plazo para su concreción.
Según los cálculos del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, de los 6.300 hombres de las FARC –en armas– que se esperaba ingresaran a las zonas de concentración, 4.329 se desplazaron el martes, hacia los puntos acordados, mientras que los otros 2.000 se movilizarán entre ayer y hoy jueves. Decenas de vehículos y barcos fueron necesarios, además de animales de carga y decenas de miles de raciones de alimentos.
El trabajo de investigación realizado por la Fundación Paz y Reconciliación analizó otros aspectos, en particular donde las FARC históricamente habían hecho presencia y de las que han estado saliendo en el marco del proceso de concentración. “Las FARC pasarán de operar en 242 municipios a agruparse en 26 veredales, quedando libre más del 90 % del territorio que antes ocupaban. Debe recordarse que desde el pasado mes de diciembre se preagruparon en cerca de 35 puntos, lo cual significó un repliegue de las zonas tradicionales en las que operaban”, explica el documento.
De acuerdo con los resultados de la investigación, en dichos territorios se han generado cinco tipos de escenarios: zonas con presencia de ELN, zonas con presencia de bandas criminales, aumento de la delincuencia común, zonas con expresiones de disidencias de las FARC y otras con esfuerzo de recuperación del Estado.
La mayor preocupación radica en las disputas territoriales que ya se presentan por el control de zonas específicas, un fenómeno sobre el cual varias organizaciones sociales han llamado la atención. “Los riesgos de que estos espacios fueran cooptados por otros grupos siempre ha estado latente y las consecuencias de estas nuevas disputas pondrían a estos territorios ante nuevos escenarios de violencia. En la región del sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño y el Pacífico colombiano, esta ocupación ya se ha presentado y se ha expresado en asesinatos selectivos, desplazamientos forzados e intimidación de las estructuras armadas contra la población civil”, explica Paz y Reconciliación.
Para el caso de las bandas criminales, los hallazgos de la investigación dejan claro que se trata de expresiones que han comenzado a manifestarse a través de homicidios selectivos, amenazas y panfletos, que se han expandido por todo el país. En Tumaco se estaría “al borde de una guerra civil”, pues en la zona operan una disidencia de las FARC, una estructura criminal que se autodenomina Nuevo Orden y el Clan del Golfo.
En otras regiones, han comenzado a llegar organizaciones criminales que durante años han hecho presencia en otras zonas. El fenómeno se suma a la situación de seguridad de los líderes sociales en Colombia. Las cifras recopiladas señalan que tan solo en los primeros 30 días del año fueron asesinados ocho líderes (que se suman a los 93 asesinados en 2016), mientras que otros 40 fueron amenazados. Las tendencias muestran un modus operandi sistemático. “Estas acciones estarían siendo realizadas por estructuras criminales como el Clan del Golfo, pero que han sido contratadas por agentes que están en la legalidad”, revela Paz y Reconciliación.
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