Se agudiza la crisis política, económica y social del país.
El Gobierno de Venezuela determinó aplicar a todo el territorio nacional y durante 60 días la declaración del “Estado de Excepción y Emergencia Económica”. De este modo el presidente Nicolás Maduro pretende hacer frente a supuestas amenazas a su Administración.
En el texto de la declaración del Estado de Excepción y Emergencia Económica se fundamenta en “las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación”. El presidente Maduro ya había adelantado la intención de declarar un estado de excepción que le diera “el poder suficiente” para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, en el que – según su denuncia – estaría implicado el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe.
El estado de excepción le concede atribuciones “extraordinarias” a las autoridades para garantizar “incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comité Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) la correcta distribución” de productos de primera necesidad. También le permite ordenar el desembolso de partidas extrapresupuestarias y aprobar contratos para la obtención de recursos financieros o “aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país” sin someterse “a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos”.
Se reitera la suspensión temporal de sanciones contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, una medida que ya había dictado Maduro en el marco de un decreto anterior. En estos 60 días en que se aplicarán las normas especiales será posible “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este”.
Entre las acciones previstas, el ministerio de Exteriores podrá auditar los convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país y suspenderlos en caso de que se estime que posean “fines políticos o de desestabilización”.
Hay una parte muy delicada en lo político del decreto, cuando considera que la Asamblea legislativa, actualmente en manos de la mayoría opositora, pretende “el desconocimiento de todos los Poderes Públicos” y promociona “la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional”. Es notorio que el Legislativo está promoviendo un referéndum que ponga fin al mandato del presidente, en el marco del enfrentamiento entre oficialismo y oposición. Puesto que el decreto deberá ser sometido a la consideración del Parlamento para su aprobación, y remitido al tribunal Supremo de Justicia para dar el visto bueno a su constitucionalidad es de prever una agudización del conflicto entre los poderes del Estado.
