El año pasado hubo más de 31.000 asesinatos. El negocio criminal se ha diversificado y ya no se concentra en pocas localidades. Sus objetivos.
Veinticinco asesinatos por cada 100.000 habitantes, significa 250 por cada millón y casi 32.000 sobre el total de 127 millones de habitantes de México, que se enfrentan a la peor ola de violencia de su historia. Es la estadística fría del año pasado realizada en base a lo divulgado por el Instituto Nacional de Estadística que condensa los números del horror que vive el país. Más exactamente, el año pasado hubo 31.174 personas asesinadas. Hace ocho años fueron la mitad. Pero el número está destinado a incrementarse. No incluye, por ejemplo, a los cuerpos que no fueron encontrados, como el de los tres italianos secuestrados por las fuerzas policiales y entregados al cartel criminal local, por unos 180 dólares. De ellos no se sabe nada, como de los miles de desaparecidos del país que engrosan las estadísticas de la violencia.
Si bien no estamos ante las matanzas masivas de los años pasados, cuando los cárteles de la droga espectacularizaban la violencia haciendo encontrar decenas de cadáveres colgados de los puentes o amontonados en camiones, la situación ha empeorado. Los muertos de 2017 son el doble de los asesinados en 2011.
Cuando, entre 2010 y 2012 el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga, la violencia se concentró en algunos de los Estados. El descabezamiento de estas organizaciones, el arresto de Joaquín El Chapo Guzmán, provocaron una fragmentación de los grupos criminales y una pelea por los sitios donde se concentran ciertas actividades. La actividad delictiva ahora abarca no solo el narcotráfico, sino también el secuestro y la extorsión, el robo de combustible y demás formas de diversificación del “negocio”. Prácticamente, ninguno de los estados mexicanos concentra más del 10% de las víctimas del crimen. Incluso las más conocidas localidades turísticas están incluidas en el mapa de la violencia extrema. Es un dato preocupante para un país que apuesta mucho en la industria turística.
El sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto se concluirá en diciembre sin haber conseguido resultados concretos. Los delitos denunciados son un número ínfimo, menos todavía llegan a una sentencia policial. El episodio de los italianos desaparecidos deja en evidencia la corrupción policial, que se acompaña con la inacción – cuando no es colusión – de la Justicia con el delito. La violencia llega a la política. La reciente campaña electoral terminó con más de 130 candidatos locales asesinados. México ha superado la tasa de homicidios de Colombia, 24 por cada 100 mil habitantes y se acerca peligrosamente a la de Brasi, que es de 29.
El presidente electo, Manuel López Obrador, propondrá una estrategia de pacificación, comenzando por amnistiar los delitos de narcotráfico a cambio de volver a la legalidad. El otro eje de su campaña ha sido el de la corrupción, que afecta la realidad política y social del país y, con seguridad, es un factor clave para que el crimen pueda prosperar. Es, por otro lado, una estrategia a largo plazo que puede prosperar si, a la vez, el país logra derrotar la pobreza y la amplia brecha de la desigualdad manteniendo las perspectivas de crecimiento. Es, el de López Obrador, el gran desafío de todos los países latinoamericanos: lograr no solo el crecimiento, sino que todos se beneficien de sus efectos.
