El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO y el Fondo de las Naciones Unidas para la Primera Infancia (UNICEF) publicaron recientemente un documento de investigación sobre las tendencias emergentes en políticas TIC y educación.
El estudio tuvo por propósito recopilar y analizar las principales respuestas TIC en educación que fueron desplegadas a nivel nacional por una selección de países de América Latina: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.
Más allá de la heterogeneidad que presentan los casos analizados, el estudio revela que los países que abordaron de manera más eficiente el desafío de la migración hacia la virtualidad fueron aquellos que ya contaban con una política de inclusión digital educativa consolidada y sostenida en el tiempo.
Según el documento, las respuestas más novedosas se llevaron a cabo durante 2020 y en la primera parte de 2021. Contrariamente, en la etapa de desconfinamiento, se advierte una desaceleración preocupante de las políticas TIC en la región.
“El estudio pone en evidencia las vacancias que tenemos a nivel regional. Es fundamental que las políticas digitales en educación se vuelvan políticas de Estado sostenidas en el tiempo. No podemos seguir postergándolas”, planteó Fernando Salvatierra, Especialista de TIC de la Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO.
La brecha de acceso a las tecnologías digitales fue uno de los principales obstáculos a sortear en el marco de la pandemia. Todas las iniciativas de coyuntura implementadas resultaron insuficientes: el escenario reveló que la brecha de acceso sigue abierta y es muy marcada.
Además del riguroso análisis en materia educativa y TIC, el documento elaborado por el IIPE UNESCO y UNICEF presenta recomendaciones de políticas educativas para los tomadores de decisión de la región. Entre estas medidas, el estudio plantea que se “necesita recuperar una mirada prospectiva que piense la proyección de la escuela en la sociedad digital y, al mismo tiempo, que imagine su rol en la construcción de sistemas educativos más flexibles y resilientes frente a eventuales escenarios de crisis”.
En esa línea, se propone que “los países necesitan construir una visión integral y sostenible de la inclusión digital educativa no solo alineada con las políticas del sector educativo sino también con las políticas de transformación digital de los Estados”.
