La UE quiere que Apple pague los impuestos

La UE quiere que Apple pague los impuestos

La compañía estadounidense deberá abonar a Irlanda más de 14.000 millones de dólares por haber pactado con el Gobierno de Dublín un sistema que la llevó a abonar menos del 1 por ciento de sus beneficios en impuestos.

Los impuestos se pagan. Es el principio que la Unión Europea pretende aplicar con la multinacional estadounidense Apple que, más allá de los discursos de responsabilidad social realizados puertas afuera, se ha aprovechado durante diez años de cada oportunidad para evadir impuestos. La compañía deberá abonar 13.000 millones de euros más intereses por haberse beneficiado entre 2003 y 2014 de rebajas fiscales que distorsionaban la competencia según estableció la Comisión Europea.

La UE culminó este martes una investigación de tres años con una decisión que ha conseguido molestar a la vez a Apple, Irlanda e incluso a la mismísima Casa Blanca ya que la empresa deberá devolver al Gobierno irlandés los más de 14.000 millones de dólares más intereses en impuestos no pagados. Las ventajas que otorgó Irlanda a la compañía para abaratar considerablemente su factura fiscal son ayudas de Estado ilegales, y con la calculadora en la mano, impone la mayor devolución de impuestos registrada nunca en suelo comunitario. “Han reducido artificialmente la factura fiscal de Apple y queremos enviar un mensaje claro: los Estados no pueden dar ventajas fiscales a las empresas, da igual que sean grandes o pequeñas, extranjeras o europeas”, ha afirmado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Si bien Irlanda tiene uno de los impuestos de sociedades más bajos de Europa, el 12,5 por ciento, menos de la mitad de la media europea, según la investigación realizada Apple pagó todavía menos.  La mayor empresa del mundo por capitalización bursátil acordó con el Gobierno irlandés rebajas que llegaron a hacerle pagar apenas el 1 por ciento en impuestos por sus beneficios de 2003, y en 2014 llegó a abonar nada menos que el 0,005 por ciento. El sistema fue detectado por la UE y de nada sirvió modificarlo al año siguiente. La Comisión Europea ha determinado que, prácticamente,  el sistema aplicado permitía trasladar costos de una sucursal nacional a otra de modo de reducir el monto impositivo hasta que las ganancias llegaban a Irlanda donde se aplicaba el acuerdo conseguido, lo que evitó el pago de impuestos sobre la práctica totalidad de los beneficios que obtenía en Europa, Oriente Medio, África e India. Las normas de la UE disponen que sólo se pudo investigar y recuperar los impuestos no abonados en los últimos diez años.

En el último trimestre Apple ha declarado beneficios mundiales por unos 6 mil millones de dólares. Lo que implica que la compañía no se verá afectada particularmente por la sanción, siempre y cuando llegue a aplicarse, puesto que comienza un litigio judicial con la UE. También el Gobierno irlandés recurrirá ante la justicia pues no quiere renunciar a su “reputación” de país con impuestos baratos, pese a que la multa representaría un ingreso sustancioso para sus arcas.

La discusión involucra también a la Casa Blanca, que ha realizado presiones para evitar la aplicación de la sanción, evidentemente con un grave desconocimiento de los principios solidarios que sustentan la UE al considerar que la Comisión se está extralimitando.

Están aquí en juego dos concepciones distintas de la globalización: para los principios básicos de la UE, la empresa cumple también con una función social, por lo que el pago de los impuestos supone que el Estado pueda cumplir con el rol de redistribución. Para los Estados Unidos, la empresa tiene la función de conseguir optimizar sus ganancias. Por otro lado, la UE debe defender que las leyes son iguales para todas las empresas, independientemente de su tamaño o nacionalidad, y rechaza cualquier insinuación de persecución antinorteamericana. Starbucks y Fiat-Chrysler, tuvieron que pagar entre 20 y 30 millones de euros en impuestos atrasados a Holanda y Luxemburgo respectivamente. Otras 35 multinacionales, la mayoría europeas, fueron obligadas a devolver 700 millones de euros al fisco belga que aplicó prácticas similares a las de los paraísos fiscales.

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