Los jueces sostienen que no está definitivamente claro que la medida no sea una expresión de discriminación de tipo religioso. La palabra final será de la Corte Suprema.
La Justicia estadounidense sigue valorando que el veto migratorio impulsado por el Gobierno de Donald Trump podría ser anticonstitucional al discriminar por motivos religiosos. Por este motivo, el Tribunal de Apelaciones del cuarto distrito de los Estados Unidos, con sede en Richmond (Virginia), acordó este jueves suspender su implementación.
La orden ejecutiva de Trump prohibía la entrada al país de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán) durante 90 días y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días.
Tras el fallo, el Departamento (ministerio) de Justicia anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo, donde desde hace pocas semanas 5 de los 9 jueces son de orientación conservadora. Desde esta cartera se sostiene que el Gobierno actúa legítimamente para “mantener segura la nación”. “La orden ejecutiva es un ejercicio constitucional del deber del presidente de proteger del terrorismo a nuestras comunidades”, se alega en un comunicado, en el que se subraya: “El presidente no está requerido a admitir a gente de países que patrocinan o acogen terrorismo hasta que él determine que pueden ser analizados de forma apropiada y que no suponen un riesgo de seguridad a Estados Unidos”.
Hasta el momento, los jueces han paralizado los efectos del decreto, que en su momento generó importantes trastornos y protestas entre la ciudadanía, ante la eventualidad de que podría ser inconstitucional. Y sobre el tema deberá pronunciarse la Corte Suprema.
En marzo, hubo un segundo decreto, más morigerado que el primero, pero también éste fue paralizado por los tribunales poco antes de su implementación tras ser recurrido por organizaciones sociales.
Diez de los 13 jueces de un tribunal de Virginia votaron a favor de mantener la suspensión del decreto migratorio. Los abogados del Gobierno esgrimen que el texto responde a motivos de seguridad nacional y no religiosos. Pero, igual que el resto de tribunales que han seguido el caso, el pasado sigue persiguiendo a Trump. Los jueces de Virginia sostienen que no pueden obviarse las declaraciones que hizo el mandatario durante la campaña electoral a favor de un “cierre completo” a la entrada de musulmanes al país. El tribunal argumenta que Trump “habla con palabras vagas de seguridad nacional, pero en un contexto salpicado de intolerancia, animosidad y discriminación”.
En el fallo, de 205 páginas, la mayoría de jueces expresan que no están “plenamente convencidos” de que el decreto guarde más relación “con la seguridad nacional que con la promesa de campaña del presidente Trump de vetar el ingreso de musulmanes al país”. Motivo por el cual, quieren evitar las reacciones de los ciudadanos que podrían verse perjudicados por la medida a raíz de su pertenencia religiosa.
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