El ex dictador, de 80 años, deberá cumplir los 13 años de cárcel que le quedan por purgar. El beneficio recibido no cumplía con los requisitos legales.
El poder de los Fujimori en Perú, y del fujimorismo, retrocede y pierde así privilegios. Lo confirma el hecho de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú ratificó este miércoles la nulidad del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, quien seguirá en prisión para cumplir una sentencia de 25 años de cárcel.
Se confirma, por tanto, el fallo de octubre del año pasado que había sido apelado por la defensa del ex dictador, autor de un auto golpe de Estado. El indulto humanitario fue concedido por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre de 2017, por el cual había sido excarcelado hasta enero pasado. Fujimori, de 80 años, fue condenado a 25 años de cárcel en 2009 por las matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina y el secuestro de un empresario y un periodista en 1992. Kuczynski le otorgó un indulto, tras una aparente negociación política con Kenji Fujimori, hijo del ex mandatario y legislador, que buscaba evitar un posible juicio político. La negociación y el escándalo público obligaron a Kuczynski a renunciar como presidente. Sucesivamente el indulto fue anulado por carecer de los requisitos previstos por la ley.
El fallo ha sido ponderado positivamente por las familias de las víctimas de las matanzas del grupo Colina.
Fujimori fue internado en el penal de Barbadillo el pasado 23 de enero, donde terminará de cumplir los aproximadamente 13 años que restan de su condena, después de haber estado internado más de 100 días en una clínica particular. Como muchos otros políticos que paga por los delitos cometidos, Fujimori se siente víctima de una injusticia. Sin embargo sobre él todavía pende la acusación por las esterilizaciones forzadas realizadas en miles mujeres campesinas.
Al mismo tiempo sigue en presión preventiva su hija Keiko, líder del fujimorismo que es mayoría en el Legislativo peruano. Es acusada de lavado de dinero y de financiaciones irregulares y un juzgado ordenó la prisión preventiva por 36 años, a raíz del escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en el país. Keiko Fujimori se había mantenido a salvo gracias al tráfico de influencias con jueces de alto rango del país. Sin embargo, el escándalo que provocó la caída y la detención de estos magistrados, permitió encontrar serios indicios que han lleva a la mujer a quedar detenida.
Con fuerte arraigo popular y una tendencia al populismo fácil, el fujimorismo ha sido el protagonista de la política del país en casi 30 años, pese a los delitos cometidos por Alberto Fujimori como dictador. Pero todo indica que este poder se está resquebrajando.
