Las penas varían entre 30 y 50 años. La ambientalista de la etnia lenca era defensora de los derechos de su gente ante un proyecto hidroeléctrico que los afectaba.
El crimen de la ambientalista hondureña Berta Cáceres tiene a sus primeros culpables. Siete personas implicadas en el asesinato de la activista social fueron condenadas este lunes a penas que varían de 30 a 50 años de cárcel por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato. El Tribunal de Sentencia de Honduras leyó la resolución tras haber encontrado culpables a los señalados el 29 de noviembre de 2018. Los culpables fueron capturados en el marco de la Operación “Jaguar”, entre mayo de 2016 y febrero de 2017, tras el crimen de la activista lenca. “Fueron encontrados culpables no sólo de asesinato, sino también de asesinato en grado de ejecución de tentativa y se les aplicaron penas intermedias”, dijo la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars.
Berta Cáceres era una ambientalista y líder del pueblo lenca, que mantenía un conflicto para la realización de una obra hidroeléctrica. La mujer fue asesinada a balazos el 2 de marzo de 2016, cuando se encontraba en su casa en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá. En el hecho también resultó herido un mexicano, amigo de Cáceres.
La vocera de la Corte Suprema detalló que a Elvin Heriberto Rápalo, Oscar Torres Velásquez, Edilson Atilio Duarte y Henry Javier Hernández se les condenó a 34 años de cárcel por asesinato y a 16 años por tentativa de asesinato, lo que da un total de 50 años de reclusión. En el caso de Sergio Ramón Rodríguez, Douglas Geovanny Bustillo y Mariano Díaz Chávez se les impuso una pena de 30 años con seis meses de prisión por asesinato, por ser coautores del crimen.
Hasta el momento, son nueve las personas detenidas por el crimen de la ambientalista, dos de ellas todavía a la espera de la conclusión de su proceso judicial. Por otra parte, Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), señaló en un punto de prensa que entre los implicados se encuentra un empleado y exempleado de la empresa hidroeléctrica DESA, además de miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras activos hasta hace un año atrás. El Tribunal declaró que los ejecutivos de DESA conocían y dieron su consentimiento para asesinar a la líder indígena lenca e hicieron referencia a otras personas participantes en el crimen. Zúñiga insistió en la necesidad de incluir a los mandantes de los asesinos, quienes ordenaron y pagaron para que agredieran a Cáceres.
