Ocho miembros del actual gobierno, los presidentes de las dos ramas del Congreso, 71 entre diputados y senadores, 3 gobernadores de Estado y 4 ex presidentes son acusados de corrupción.
La verdadera noticia habría sido que el Supremo Tribunal Federal no hubiese permitido levantar los fueros privilegiados de los que gozan ministros, los presidentes de las ramas del congreso, legisladores y gobernadores. Nadie duda que el gigantesco caso de corrupción que hunde el sistema político y sus colusiones con el empresariado del país abarca a todos los partidos y a todos los más importantes cargos públicos. El tema es si la Justicia podrá llegar hasta las últimas consecuencias. Y parecería que sí. Primero por las duras condenas que se están aplicando, y ahora por el avance de las investigaciones que ahora abarcarán todos los recovecos del poder.
Se supo que el Supremo Tribunal Federal dio lugar al levantamiento de los fueros privilegiados, lo que habilita investigar a 8 ministros del actual gobierno, a los presidentes de las dos Cámaras, a tres gobernadores de Estados, a 71 entre diputados y senadores, además de 4 ex presidentes (que al no cubrir un cargo público no disponen de fueros) y otras figuras políticas.
El único que puede “salvarse”, pero es un decir, es el presidente Temer. No porque alguien dude de que sus métodos para quedarse en el poder hayan sido transparentes y éticamente aceptables, sino por la protección que le otorga la ley. Se le imputa la financiación ilegal de su actividad de campaña, delito cometido mientras no era presidente y la Constitución impide investigar delitos cometidos antes de ejercer el cargo (¡sic!), por lo que no figura en la lista. Pero no por ello, Temer puede dormir tranquilo: la justicia investiga evidencias que podrían anular su elección a vice presidente, en 2014 cuando era aliado de la ex presidenta Dilma Rousseff, lo cual podría conducir a su destitución.
La decisión del Supremo Tribunal responde a las consecuencias provocadas por la delación de 77 dirigentes de empresas, sobre todo Odebrecht, la empresa constructora involucrada como Petrobras en la descomunal red de coimas y de financiación ilegal de partidos políticos. La praxis de Odebrecht de pagar coimas para conseguir licitaciones era tan instalada que había una oficina especializada para ello y el escándalo ha abierto investigaciones en una docena de países de América latina, además de un primer arreglo extrajudicial con Estados Unidos, Suiza y Brasil por el cual, a cambio de no ir a juicio, Odebrecht ha pago 3.500 millones de dólares.
Entre los investigados en Brasil por las delaciones, figuran además los ex presidentes Rousseff, Lula da Silva, Fernando Henrique Cardozo y el casi olvidado Fernando Collor de Melo, quien renunció en 1991 precisamente por un escándalo de corrupción. Hay más figuras políticas que serán investigadas, de todos los partidos, entre ellos ex candidatos a la presidencia como Aecio Neves, adversario de Rousseff en la última campaña de 2014.
La buena noticia, si es que puede haber una en este contexto que hunde el sistema político del país en un pantano pestilente de corrupción, es que el país demuestra que la Justicia mantiene su sustancial independencia del poder, aunque con luces y sombras.
El gobierno de Michel Temer queda duramente impactado por el episodio. En nueve meses, ya ha perdido a 7 miembros del gabinete acusados de corrupción o de haber sido grabado mientras afirmaban su disponibilidad a frenar la acción de los jueces con arreglos espurios, lo que es casi lo mismo. Las duras penas aplicadas por los jueces, hasta de 19 y 20 años de cárcel han provocado que los condenados confesaran describiendo ampliamente el sistema de coimas reaccionando a la idea de pagar en soledad las culpas de un sistema generalizado. Lo que ha permitido pactar penas menores a cambio de delaciones. Debajo de esa alfombra se ha encontrado un nivel de basura imaginada por la percepción intuitiva de la sociedad brasileña y ahora incluso probada en las aulas de tribunales.
El tema principal, ahora, pasa a ser cómo el país podrá metabolizar este doloroso proceso y avanzar hacia una indispensable renovación de un sector político que no está a la altura de la confianza necesaria para representar a los brasileños.
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