Cinco de los siete jueces rechazaron el reemplazo de uno de sus integrantes, ya que el nombramiento del magistrado no completó el trámite previsto por la ley.
La lucha por el poder y contra la corrupción sigue en Perú y, luego de la disolución del Legislativo y la convocatoria de comicios para enero, la batalla sigue en torno al Tribunal Constitucional. El presidente Martín Vizcarra ha disuelto el parlamento unicameral al constatar el obstruccionismo permanente de la oposición que controlaba ampliamente la gran mayoría de las 120 bancas. Esta obstrucción, puso trabas a la intención del mandatario de llevar a cabo reformas anticorrupción, incluso a partir de estruendosos escándalos por tráfico de influencias entre miembros del Poder Judicial, del Legislativo y empresarios. Entre los principales vinculados con la corrupción, hay figuras del partido fujimorista, Fuerza Popular, que disponía de la mayoría simple de los votos, cuya líder Keiko Fujimori cumple con la prisión preventiva, acusada de lavado de dinero y financiación ilegal, con el concurso de jueces de los niveles más altos. Otro partido que ha apoyado la tarea obstrucción es el Partido Aprista, cuyo líder Alan García, dos veces presidente, se suicidó en abril, antes de que fuera detenido por su vinculación en el caso de las coimas pagadas por la empresa Odebrecht.
Poco antes de disolver el parlamento, los legisladores pretendieron imponer a un nuevo juez del Tribunal Constitucional, en reemplazo de otro cuyo mandato espiró, siguiendo criterios para nada transparentes y con el objetivo de modificar la mayoría entre los siete jueces del organismo, que estaba a favor de la convocatoria de nuevas elecciones. El nombramiento debería por tanto haber quedado nulo, sin embargo, se está insistiendo en la inclusión del magistrado, algo que transformaría en minoritario el apoyo de los jueces al presidente Vizcarra.
Cinco de los siete jueces, sin embargo, se han pronunciado en contra del nombramiento, cuyo trámite quedó incompleto. Posteriormente, para fines de este mes, el Tribunal se pronunciará acerca de la interpretación que hizo Vizcarra de la norma que lo faculta para disolver el Legislativo y convocar a nuevas elecciones. El mandatario consideró que se cumplieron las dos veces en que los diputados rechazaron sendos proyectos que llevaban el carácter de «confianza», puesto que en ambos casos los proyectos no fueron tratados. Sin embargo, la norma establece que al respecto el rechazo debe manifestarse con el voto en contra. Para Vizcarra, archivar los dos proyectos, uno presentado en julio, fue una forma de rechazo, pues de lo contrario se habilitaría estirar sin límites de tiempo el tratamiento de proyecto con el carácter de confianza. Para los legisladores que quieren impugnar la decisión del presidente, se trató de una interpretación demasiado amplia de la norma.
