El atropello al Estado de derecho cometido en Venezuela y Paraguay ha sido mayúsculo. La comunidad internacional ha reaccionado con prontitud para hacer respetar reglas que ya no son patrimonio exclusivo de un país, sino de la comunidad planetaria.
Hay un cambio sustancial en las relaciones internacionales que se ha ido afirmando a lo largo de las últimas décadas. Si, antes, el tipo de régimen interno era parte de los asuntos de un país, por lo que democracias como los Estados Unidos o Francia se relacionaban con otras democracias o con dictaduras como la del fascismo italiano o los nazis alemanes, hoy esto ya no es posible.
La adopción de la carta universal de los derechos humanos ha incluido los fundamentos del Estado de derecho y de las instituciones democráticas entre los valores asumidos como esenciales para la vida de los ciudadanos por lo que, para ser parte en plenitud de la comunidad internacional, es necesario su respeto. Eso ha llevado a la inclusión de la llamada “carta democrática” en el sistema interamericano de la OEA y de la cláusula democrática en el estatuto del Mercosur, por ejemplo. En la sustancia lo que afirman es que la ruptura del orden democrático interno de un país socio comporta sanciones que pueden llegar hasta la expulsión.
O sea, la democracia ha dejado de ser un tema de política doméstica. El cuidado de sus valores responde ahora a un interés y a bienes que hacen a la comunidad internacional. Y es un avance, sin duda.
Se podrá objetar que este criterio no está siendo aplicado con rigor y en todos los casos. Hay mucha blandura respecto de los atropellos a los derechos fundamentales, por ejemplo, en las monarquías del Golfo Pérsico. Sin duda, es un proceso que deberá afinarse y aplicarse con mayor justicia evitando un (conveniente para algunos) doble criterio.
De todos modos, este avance explica la razón por la que lo ocurrido en Venezuela y Paraguay mueve a reacciones internacionales. En ambos casos, estamos ante groseras y torpes agresiones a los fundamentos del Estado de derecho sobre las cuales no se puede callar. En Venezuela, uno de los poderes del Estado, representado por el Supremo Tribunal, adoptó la resolución, que no es un fallo, de asumir las funciones del Legislativo declarado en desacato respecto de algunas sentencias emitidas con anterioridad. No hay ninguna norma de la Constitución que ampare un acto viciado de nulidad insanable: la carta magna ni define una jerarquía entre los poderes del Estado, ni prevé un caso de este tipo. Ante la reacción internacional, la marcha atrás anunciada por el Gobierno de Caracas, es todavía más torpe, pues pretende atribuir a la capacidad de diálogo entre los poderes el haber obtenido que el Supremo Tribunal reconsiderara su decisión, cosa que se obtuvo en cuestión de horas. El máximo órgano judicial, ni antes ni después citó una sola norma constitucional que justificara sus decisiones. Lo que indica la extrema politización del poder Judicial y la pobreza de la preparación en derecho de sus miembros.
En Paraguay, en cambio, se llega a extremos que el surrealismo del cineasta Luis Buñuel no habría podido prever. Un grupo de 25 senadores, del total de 45, consiguió una sesión extraordinaria del cuerpo pero, cuando llegó la hora, la realizó fuera del recinto del Senado, sin avisar a los demás 20 colegas, y durante la misma –en ausencia de los funcionaron que levantan acta de las sesiones– eligió un nuevo presidente del cuerpo, modificó el reglamento con la pretensión de instalar un procedimiento de enmienda constitucional que habilite la reelección para presidente y vice presidente de la república. La Constitución no prevé ni el mecanismo de enmienda y su texto actual prohíbe que alguien vuelva a ser presidente.
Detrás del grupo de legisladores se oculta el proyecto del actual mandatario, Horacio Cartes, de volver a postularse para el mandato y del ex presidente Fernando Lugo de competir para el cargo. Son dos visiones opuestas del país, una neoliberal la otra de centro izquierda que han encontrado una momentánea coincidencia. “En democracia manda la mayoría”, justifican los impulsores del atropello, y se equivocan de punta a punta porque en democracia manda la ley, que es la que pone a salvo a todos de arbitrios como el que están tratando de imponer.
En ambos casos, la comunidad internacional debe imponer en retorno al orden institucional, como ya ocurrió en Venezuela. En un mundo globalizado e interdependiente, la democracia ya no es un asunto interno. Y si se quiere ser parte de ese mundo hay que aceptar las reglas.
Para más información suscribite a digital.ciudadnueva.com.ar o a la versión papel en ciudadnueva.org.ar/revista/suscripciones.
