La democracia en la región

Un repaso por América latina – Con el aporte de diferentes miradas desde distintos países latinoamericanos, intentamos mostrar una “foto” de la actualidad democrática en parte del continente.

Bolivia

La democracia se ha mantenido ininterrumpida desde mediados de los años ochenta. Al principio con una alternancia de partidos que llegaban al poder por medio de alianzas, según los resultados electorales circunstanciales.

En 2006, Evo Morales llegó a gobernar Bolivia luego de unas elecciones llevadas a cabo después de que una revuelta en la ciudad de El Alto desencadenara la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo que se llamó “agenda de octubre negro” –agenda política fruto de tal revuelta– congregó distintos discursos de izquierda y medioambientales, así como reivindicaciones sectoriales, principalmente de pueblos indígenas y la “nacionalización” de la venta del gas.

A partir de entonces y con una serie de artificios legales forzados, Evo Morales se mantuvo en el poder por 15 años, sin haber podido dar respuesta a la agenda inicial, aunque logró cambiar la constitución y avances en temas de inclusión social y políticos. Sin embargo, en un referéndum llevado a cabo en febrero de 2016 ganó la posición de no modificar la Constitución Política para ampliar la posibilidad de reelección, pretendida por Morales.

A pesar del resultado soberano, Morales fue habilitado nuevamente por el Tribunal Constitucional y en las elecciones de octubre de 2019, tanto la OEA como la UE concluyeron manipulación y parcialidad de parte del Tribunal Electoral por una serie de irregularidades en distintos momentos del proceso.

A este momento de altísima tensión política, le siguió un paro cívico nacional de más de 21 días que desencadenó la huida de Morales y sus ministros, luego de que el comandante de las FF.AA. le sugiriera su renuncia.

Ante el vacío de poder, con la mediación protagónica de la Iglesia Católica y de la Unión Europea, la máxima instancia del poder judicial en Bolivia determinó una sucesión constitucional y el cargo de presidente recayó en la segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Plurinacional, puesto que quienes le precedían presentaron renuncia. Las cámaras de senadores y diputados no cesaron en cumplir sus funciones hasta las siguientes elecciones de 2020.

Este gobierno de transición que debió convocar a elecciones lo antes posible, duró en el poder mucho tiempo más debido a que la pandemia obligó a retrasar las elecciones generales hasta octubre de 2020.

El partido de Morales, esta vez a la cabeza de Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía, venció las elecciones con un 55,1 % de votos.

Actualmente, las tensiones no han disminuido porque la actual gestión de gobierno maneja el discurso de “golpe de Estado” para referirse a la situación irregular que originó la caída de Morales. Este gobierno acusó a la OEA y a los EE.UU, a medios de comunicación, a la Unión Europea y a la misma Iglesia Católica de haber orquestado por vías no legales la interrupción abrupta del mandato de Morales con el apoyo de la policía y del ejército. En este sentido, hoy en día se registra una serie de apresamientos irregulares tanto a ex funcionarios del gobierno transitorio, como de comandantes de las fuerzas armadas y de la policía.

Adicionalmente, en posteriores elecciones subnacionales a nivel regional, tanto en gobernaciones como en gobiernos municipales, el actual partido de gobierno no ha logrado la misma victoria que en las elecciones generales, sea por el descontento y desgaste por la gestión de la pandemia, sea por marcadas imposiciones internas verticales de candidatos leales a Morales, por lo que se han generado importantes figuras de oposición localizadas.

por Alfonso Alarcón

Datos: Proyección de población: 11.841.955 habitantes en 2021 (mayoría niños y jóvenes). PBI per cápita: 3.196 euros (2019) Tasa de desempleo: 11, 2 % Gasto Educación per cápita: 170 euros (2014) Gasto Salud per cápita: 134 euros (2017) Gasto Público per cápita: 1153 euros. Fuente: https://datosmacro.expansion.com/paises/bolivia

Uruguay

Cuenta con un régimen democrático consolidado con un altísimo nivel de participación ciudadana y popular que tiene los tres entramados básicos muy bien desarrollados.

Un sistema de partidos políticos debidamente estructurado, algunos de ellos de los más antiguos del mundo, y que parte desde un instituto como la Corte Electoral, integrada por representantes de todos los partidos políticos del país con representación parlamentaria. Sus miembros se designan a través de la mayoría muy especial de la asamblea general y tiene además miembros neutrales. Se trata de una máxima garantía institucional. Es clave para el sistema que los partidos políticos deban inscribir sus estatutos y programas de gobierno en la Corte Electoral.

El proceso termina en una elección interna de cada partido, que determina la existencia de un candidato único presidencial por partido, los que compiten entre sí en elección nacional de voto obligatorio y de la cual resultan electos el presidente y vicepresidente de la República, y se conforman la Cámara de Senadores y de Representantes.

Desde el punto de vista organizacional tenemos los tres poderes del Estado, un Poder Ejecutivo que se integra por el presidente, que actúa necesariamente en acuerdo con el consejo de ministros o con los ministros respectivos.

El presidente de la República por sí mismo no tiene legitimación ni capacidad jurídica de poder dictar siquiera decretos. Siempre requiere la firma conjunta en acuerdo del ministro o los ministros correspondientes. En el consejo de ministros en paridad el propio presidente puede llegar a perder una votación, a pesar de ser el presidente que designa y destituye ministros. Es decir, es un sistema presidencialista, sin duda con muchos poderes en muchos aspectos, pero no como otros sistemas aún más presidencialistas donde el máximo mandatario puede dictar con un carácter general y por sí mismo decretos con fuerza general y abstracta.

El Poder Judicial es absolutamente independiente, con una Suprema Corte de Justicia con miembros que requieren una mayoría muy especial de la asamblea general para poder ser designados en su cargo, que tiene como tope llegar a los 70 años de edad.

El Poder Legislativo está compuesto por dos cámaras. La de Diputados o de Representantes se elige por circunscripción territorial, mientras que la Cámara de Senadores es de circunscripción nacional.

Políticamente se diferencian tres niveles clásicos: políticas de gobierno (el programa que se inscribe antes de una elección), políticas de estado (cuando se logra consenso con algún partido político) y la política pública (cuando ese consenso es compartido con organizaciones sociales, gremios y sindicatos).

La permanencia del sistema democrático uruguayo, sin ser perfecto, está consolidado en el ADN de su propia institucionalidad social, goza de una fortaleza importante en materia de diálogo y estabilidad, por supuesto que con las divisiones y las diferencias naturales y con los conflictos a veces de apariencia muy fuerte que se produce entre los antagonismos políticos.

De todos modos, si bien existe una fisura, quizás todavía no se puede hablar de una grieta, más allá de que está ideológicamente dividido a la mitad entre lo que puede llamarse progresismo y fuerzas más conservadoras. No obstante existe un equilibrio de convivencia dentro del sistema.

En cuanto al período de pandemia de covid-19, Uruguay tuvo un tratamiento inicial casi envidiable. Cuando la cepa P1 ingresó no tomó medidas drásticas de cierre de actividades, lo cual fue criticado por parte de la ciencia y de los técnicos. El gobierno se ha guiado por el criterio de la libertad responsable tratando de regular el daño del desastre económico, dejando en los ciudadanos la capacidad de cumplir los cuidados, más allá de algunas medidas preceptivas. La realidad es que se llegó a una altísima tasa de mortalidad (más de 6000 muertos para 3,4 millones de habitantes), un fuerte golpe a la sociedad uruguaya.

Por otra parte, de la mano de una democracia consolidada, Uruguay tiene un mecanismo de defensa de los Derechos Humanos a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo votado por todos los partidos.

por Dr. Alberto Scavarelli

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (Presidencia de la República) y Presidente de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional (Presidencia de la República). Presidió la Organización de Estados Americanos OEA CICAD. Presidió la Comisión de Estupefacientes y Delito Organizado de Naciones Unidas. Fundador del MPPU (Uruguay) y miembro de la directiva.

Datos Población: 3.473.727 habitantes Índice pobreza: 8,8 % (Banco Mundial) Desocupación: 9,4 % (Instituto de Estadísticas, junio 2021) Tasa de analfabetismo: 1, 3 % (Unesco) PBI en salud: 9, 2 % (Banco Mundial) PBI en educación: 5, 26 % (Banco Mundial)

Brasil

La historia de la democracia brasileña es bastante breve e incipiente. Desde que fue proclamada como república, en 1889, en sustitución del Imperio del Brasil, el mayor país de América latina en cuanto a extensión acumula, en cambio, poca experiencia en términos de una democracia efectiva.

Además de dos períodos dictatoriales, desde entonces, lo que ha sucedido en el Estado Democrático de Derecho brasileño ha estado marcado por la inestabilidad política, causada, sobre todo, por la corrupción crónica en las distintas esferas del poder público. Quien ha pagado un alto precio por todo esto ha sido el pueblo (sobre todo el más pobre) que, desde siempre, se ha visto privado del respeto hacia sus derechos fundamentales (especialmente en el ámbito de la educación y la salud), ya que las disputas políticas desvían la opinión pública de aquello que realmente importa.

Por otra parte, como en un círculo vicioso, lo que hace peligrar la conquista de la democracia por parte de los brasileños está en la base de la constitución de su propia sociedad: la injusticia social. Sin acceso a las condiciones mínimas para una vida digna, una porción significativa de la población siempre ha estado al margen de los procesos de participación y decisión política, mostrándose, con frecuencia, incoherente o ingenua en la elección de sus representantes en el ejercicio de la cuestión pública.

En efecto, muchos brasileños están condicionados por una existencia volcada a la lucha por la supervivencia o, en el mejor de los casos, en busca de sostener un estilo de vida fundado en el consumismo, en la meritocracia y en una visión depredadora de la vida en su conjunto. En consecuencia, esto tiende a reforzar la alienación y el conformismo político del ciudadano que, muchas veces, sostiene la creencia en “mitos salvadores de la patria” como una opción para administrar el Estado. El hecho es que no existe democracia real sin la participación popular efectiva, continua y consciente.

La última elección presidencial brasileña es solo otro capítulo de la historia de esta democracia inconsistente. Pero también demuestra que se ha llegado a un punto crítico bastante preocupante, al punto de estar considerada bajo amenaza por muchos especialistas: con la llegada de la pandemia del covid-19 los indicadores sociales de Brasil empeoraron significativamente y, como si no fuera suficiente, nunca se vieron tan comprometidos los instrumentos fundamentales para el ejercicio de la democracia, con actitudes como, por ejemplo, el desprecio por la prensa y el uso frecuente de la información errónea para justificar posturas cuestionables por parte de quien está en el poder, así como la escandalosa falta de respeto hacia los derechos fundamentales, considerando la deplorable conducta en la lucha contra la pandemia que permitió a Brasil alcanzar la triste marca de más de 560 mil muertes por covid-19.

por L.M.

Datos Población total: 213 millones de habitantes Índice de pobreza: 24, 8 % del total de la población Índice de desempleo: 14, 7 % del total de la población Índice de analfabetismo: 6, 6 % del total de la población (Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas-IBGE; Año: 2021) PBI en educación: 5,6 % del total del PBI PBI en salud: 9,2 % del total del PBI (Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos-OCDE; Año: 2020)

Chile

Como muchos países, Chile puede declararse como un país democrático, con sus virtudes y defectos. Después de una historia republicana donde se destacaron mandatarios de los sectores conservadores, liberales y radicales, a principios de la década de los setenta la elección del presidente socialista Salvador Allende provocó todo un remezón en la esfera política que terminó con un golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas y encabezado por Augusto Pinochet.

Denominado por unos como dictadura militar y por otros como gobierno militar, se suprimió el Parlamento y toda actividad política, lo que produjo una severa crisis de representatividad y también una grave falta a los derechos humanos.

Después de 17 años en el poder (1973-1989) el Gobierno presidido por Augusto Pinochet perdió el poder por medio de un plebiscito que determinó el retorno a la democracia al país. Dicha elección marcó un récord de participación, con más de un 90 % de la población que estaba habilitada para votar.

Desde 1990 hasta 2019, ya restaurada la democracia, se han llevado un sinnúmero de elecciones tanto presidenciales, parlamentarias y municipales, entre otras que lograron dar estabilidad tanto social, económica y política.

Entre los años 2006, 2011 y 2019 los movimientos estudiantiles han hecho ver su malestar realizando diversas manifestaciones. Entre sus principales demandas plantearon la necesidad de educación de calidad y de gratuidad en la educación superior.

Otra fuerza social que se expresó con determinación desde 2016 es el movimiento “No + AFP” que nace a causa del malestar de la ciudadanía con respecto a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con el objetivo de terminar el sistema actual de capitalización individual e implementar un sistema de reparto.

Otros movimientos sociales que han tomado mucha fuerza en estos últimos años son los movimientos feministas, que en la última movilización de marzo de 2020 alcanzaron una convocatoria de cerca de 125.000 personas, y por último el movimiento ecologista/ambientalista, cuyas principales demandas son la escasez hídrica que amenaza muchos territorios y las zonas de sacrificio.

Para el cientista político Exequiel Gaete, el precedente de la gran movilización social de 2019 marca un nuevo contexto en la actualidad política: “Creo que un buen concepto para describir lo que ocurre en este país es una disputa. Existe un sector minoritario del país que valora las formas de democracia representativa tradicionales, preocupado por la estabilidad macroeconómica como requisito para el progreso social”.

Sin duda la Convención elegida por una gran parte de la ciudadanía, de una u otra manera se convierte en una oportunidad para generar una población más empoderada y menos vulnerable a la captura de los órganos de representación política tradicionales por parte de los partidos desconectados de sus bases e intereses económicos.

por Pablo Herrera Navarro

Datos Población: 19.107.000 Índice de pobreza: El 10,8 % de la población Índice de desocupación: 10 % de la población Tasa de analfabetismo: En la edad de15-24 es de un 0, 6 % Porcentaje del PBI educación: 5,4 % Porcentaje de PBI salud: 5,66 %

Paraguay

Con el golpe de estado del 2 y 3 de febrero de 1989 iniciamos un camino hacia la vida democrática.

Hoy, más de treinta años después, ostentamos una Constitución Nacional que no solo consagra en ella libertades, derechos, obligaciones y ordenamiento de las instituciones que rigen el país, sino que también articula la garantía para no volver a vivir dentro de un régimen dictatorial a través de la prohibición expresa de la reelección presidencial.

En estos últimos años, la ciudadanía ha asumido un rol importante en la construcción democrática: ha logrado remover de sus cargos a senadores y diputados que han abusado del poder otorgado por los electores, no solo con marchas de protesta, sino con el castigo de no dejar entrar a los representantes a tiendas y restaurantes.

Una de las leyes que es fruto de este proceso de mejoramiento de la calidad democrática es la ley del desbloqueo de las “listas sábana”1; se ha llegado a legislar el voto preferencial sobre los cuerpos colegiados, modelo de selección de representantes que exigirá mayor compromiso por parte de los políticos con respecto a su electorado y abre nuevas oportunidades de consolidar las instituciones.

La ciudadanía ha salido a defender la Constitución Nacional en diversas ocasiones. En esto la ciudadanía ha ido madurando y comprendiendo la importancia de participar de diversas maneras para fortalecer el sistema democrático, corrigiendo lentamente los abusos de poder de los representantes, y vinculando la importancia de políticas públicas con la realidad social.

Existen deudas a las que la democracia no ha podido dar respuestas claras: la corrupción, la desigualdad social, la falta de independencia real del sistema judicial de los otros poderes. Estas realidades han pasado de ser vividas en el silencio consentido, a la indignación y al reclamo de la ciudadanía, que cada vez exige mayor transparencia en el gasto público y procesos judiciales verosímiles sobre quienes defraudan las arcas del Estado.

La democracia en Paraguay va dejando de lado la democracia meramente electoralista, para convertirse en una democracia cada vez más participativa.

En varios estudios se ha calificado la democracia en el país como de baja calidad, recalcando la debilidad de las instituciones, la desigualdad social y la corrupción estructural. Sin embargo, en estos últimos años, pandemia de por medio, la sociedad civil va marcando el despertar del desarrollo de una democracia de mejor calidad.

por Ana Giucich Greenwood

1. La lista sábana es una lista cerrada y bloqueada de candidatos a los que se debe votar en bloque con la “X”, sin posibilidad alguna de que el ciudadano  pueda influir en la selección de los mejores candidatos de su preferencia dentro de las listas.

Datos Población: 7.353.038 habitantes Índice de pobreza: 26, 9 % (diciembre 2020) Índice de desocupación: 8, 1 % (marzo 2021) Tasa de analfabetismo: 4, 9 % (2018) PBI en Salud: 3, 03 % (2018) PBI en Educación: 3, 44 % (2016)

Democracia en Perú

La democracia en Perú tiene poco más de 20 años de vida, con el fin de los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000). La calidad de la democracia se mide por diferentes parámetros, como elecciones libres, sufragio inclusivo, libertad de expresión, derecho al trabajo, de asociación, a la salud y educación, derechos humanos, entre otros.

Dejando de lado el penoso tema de la corrupción, lamentablemente generalizada en los países de la región (y no solo en estos), nos centraremos en el grado de independencia de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), un parámetro decisivo para una sana democracia.

La Constitución vigente, aunque garantiza la autonomía e independencia de los tres poderes, otorga sin embargo a cada uno la facultad de limitar y hasta disolver, destituir o dimitir a los otros. El presidente de la República es quien nombra a los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia, con acuerdo del Senado de la Nación, con mayoría especial de dos tercios. También es quien presenta la terna de nombres para el fiscal general de la Nación. A su vez, la Fiscalía puede investigar, denunciar y acusar al presidente, llegando a pedir la “prisión preventiva” por presunto ilícito, como sucedió con seis presidentes en los últimos 30 años. El Congreso de la Nación, por su parte, tiene el poder de “vacar” (destituir) al presidente por “permanente incapacidad moral o física” (art 113, inc. 2), una expresión que se presta a diferentes interpretaciones y permite al Congreso destituir al mandatario como lo hizo en 2019. El presidente, a su vez, tiene el poder de disolverlo, si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. También esta situación se presentó recientemente y podría volverse a presentar en la tensa situación actual. Esta “independencia interdependiente” de los tres poderes del Estado genera una debilidad permanente en el sistema democrático peruano (tres presidentes en menos de dos años), ya muy comprometido por el alto grado de corrupción a todos los niveles institucionales del país.

por Gustavo Clariá

Datos Población: 32.510.000 habitantes Índice de pobreza: 30, 1 % Tasa de desempleo: 10, 3 % Tasa de analfabetismo: 5, 9 % PBI en Salud: 11, 4 % PBI en Educación: 17, 9 %