Los facilitadores no han podido juntar a las partes, desde el MAS se exigen garantías para su incolumidad. Siguen los contactos en forma reservada.
Los obispos católicos de Bolivia han ofrecido sus servicios para mediar en la crisis que opone a los militantes del partido de Evo Morales, el MAS, y a los militantes que apoyan el gobierno interino. También la Unión Europea está colaborando en la delicada tarea de superar las barreras políticas que se interponen para desbloquear la situación.
El MAS tiene la mayoría en el parlamento boliviano, sería por tanto clave para arribar a convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, no es fácil también por la violencia que se ha desatado en el país, arribar a convocar a los legisladores para nombrar nuevas autoridades electorales y fijar una nueva fecha para las elecciones.
Hay contactos entre personeros de ambas partes que por el momento son por separado y se mantienen reservados. Los facilitadores, obispos y diplomáticos europeos, están ayudando a que encuentren una salida que permita volver a la plena legalidad constitucional o a sus condiciones mínimas.
La situación no es fácil, también porque en las partes no hay mucha claridad respecto de lo legal. Desde México el ex presidente Evo Morales y su vice alternan declaraciones diferentes: primero se presentan como dimisionarios, luego como ejerciendo todavía su función solicitando el derecho a finalizar su mandato, alegando que su renuncia – que fue pública y por televisión- no fue discutida por el Legislativo; Morales alternó la idea de volver a competir en las elecciones a la de no ser candidato… Sin embargo, la norma constitucional dice que han dejado su cargo y el país e incluso han aceptado asilo político ofrecido por México. Del otro lado, el gobierno interino afirma querer la paz y nuevas elecciones, pero algunos ministros manifiestan una carga de revanchismo político que no se condice con ese espíritu y hablan de “cacería” de adversarios. La presidenta interina Jeanine Áñez tampoco ha propuesto fechas posibles para nuevas elecciones, si bien ésta es la tarea que le encomienda la Constitución. El canciller, prácticamente por su cuenta, ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela… Cada una de las partes presenta “su” lectura de la Constitución que incrementa la secuencia de errores que de un lado y del otro han desencadenado esta crisis. Desde el desconocimiento de la voluntad popular que se oponía a la reelección de Morales, a las graves irregularidades en el proceso electoral, a la inoportuna “sugerencia” de las Fuerzas Armadas de presentar renuncia, al desencadenarse de la violencia entre bandos rivales, cada uno está convencido de que representa el sentir de la totalidad de los bolivianos. Por otra parte, en este contexto, el decreto emitido ayer que libera de responsabilidad penal a los militares involucrados en los enfrentamientos se parece más a un aval de eventuales abusos y uso excesivo de la fuerza, que suscita nuevas preocupaciones por el tema de los derechos humanos en el país.
Una posible salida es la de volver a la institucionalidad, comprometerse con la pacificación que puede consentir al Legislativo volver a sus funciones sin riesgo, y cooperar para que nuevamente el soberano, el pueblo, se exprese en elecciones que deberán contar con la veeduría de organismos imparciales. Lo ha sugerido el candidato opositor Carlos Mesa, una de las pocas voces moderadas en estas horas y lo sugiere el sentido común. Para ello las partes deberán deponer algo de sus posturas para encontrar puntos comunes. Y, quizás como escenario de fondo, aceptar por parte del MAS que su proyecto de hegemonía política no se condice con la realidad del país, pese a seguir representando posiblemente la mayor comunidad política boliviana, y por parte de la oposición – sobre todo los sectores más radicalizados- de que el camino de nuevos equilibrios políticos debe aceptar ese estado de cosas.
