La Corte aplicó una cautelar invocada por una comunidad indígena del Guaviare y el “principio de precaución” y ordenó reparar los daños.
Un fallo de la Corte Constitucional colombiana ratificó la prohibición de erradicar cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea con glifosato, práctica que fue suspendida por el Gobierno desde octubre del 2015.
Los jueces estudiaron una tutela de la comunidad indígena de Carijona, del resguardo de Puerto Nare, en Guaviare, que afirmaba que se estaba viendo afectada por el uso del herbicida. En la decisión, el alto tribunal le ordena al Gobierno repararla. Según la Corte, “al tener la potencialidad de generar menoscabo a la salud y al medio ambiente, como se ha visto en el caso de la comunidad Carijona, está sujeta a la aplicación del principio de precaución”.
Dicho principio supone, para la Corte, que “cuando por causa de las aspersiones aéreas con glifosato, en caso de que exista duda razonable respecto de si estas afectan el entorno natural o la salud de las personas, como se ha evidenciado en el asunto examinado, deben tomarse las medidas que anticipen y eviten cualquier daño, y en caso de que esté causado, las medidas de compensación correspondientes”.
La Corte también dice que ante “las evidencias de los potenciales efectos cancerígenos que tiene el uso del glifosato, aun cuando hayan sido suspendidas por el Gobierno (las fumigaciones), se debe aplicar en el caso de la comunidad de Carijona el principio de precaución”. Por lo que se debe “prohibir que, en adelante –a pesar de la actual suspensión voluntaria de aspersiones aéreas con glifosato– se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”.
Una novedad del fallo es lo que la Corte plantea sobre la erradicación manual con glifosato, que fue autorizada por el Gobierno con la Resolución 09 del 2016: “La Corte planteará una serie de medidas para que se busque una forma alternativa de erradicación con otra sustancia química no tóxica, o bien ésta se realice bajo estrictos controles y minimizando los potenciales efectos negativos que ésta pueda llegar a tener sobre las comunidades étnicas”.
Finalmente, la Corte le pide al Congreso que regule la erradicación de cultivos ilícitos. “Una nueva legislación que atienda a los parámetros aquí señalados, necesariamente debería estar precedida de estudios científicos y de consulta previa antes de su aprobación en el Congreso”, indicó el alto tribunal.
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