Entre otras normas, los legisladores no podrán contratar a familiares y para ser electos deberán haber pagado sus impuestos.
Luego de los escándalos que plagaron la última campaña electoral, por iniciativa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, la Asamblea Nacional francesa aprobó este miércoles el último tramo de la ley de transparencia que será aplicada para los cargos públicos y los funcionarios electos de la República.
Entre las normas, se prohíbe que los parlamentarios empleen a familiares y restringe las actividades compatibles con la función pública. La votación contó con 462 votos a favor, 74 en contra y 65 abstenciones, gracias a la amplia mayoría con la que cuenta el oficialismo, La República en Marcha (LRM).
La nueva ley, denominada de “confianza en la vida pública”, prohíbe la contratación de familiares y la combinación de un puesto público con una actividad de consultoría. Asimismo, la normativa impide que pueda ejercer el cargo de legisladora alguien que no haya pagado sus impuestos.
Pese a la promesa de transparencia y probidad, el propio gabinete de Macron se ha visto afectado por casos que esta ley penalizará a partir de ahora. Su primer ministro de Justicia y autor principal de la normativa moralizadora, François Bayrou, tuvo que presentar su renuncia y con él otras dos ministras de su partido, el centrista MoDem, por presuntas irregularidades en el pago a asistentes de los europarlamentarios de su formación, una acusación que pesa también sobre el partido de ultraderecha Frente Nacional. Un cuarto ministro y mano derecha durante la campaña de Macron, Richard Ferrand, también dejó su cartera bajo sospechas de nepotismo y dirige ahora a la mayoría parlamentaria de LRM.
A su vez, también el candidato designado para cubrir el puesto en el Consejo Constitucional, el senador Michel Mercier, tuvo que renunciar a la nominación acaba después de que se revelara que también él pagó a su hija como asistente parlamentaria cuando esta tenía un contrato en Londres.
