El presidente Trump ordenó retirar el estatus de protección temporal concedido en estos años por razones humanitarias.
Unos 59.000 haitianos podrían ser deportados luego de que la Administración del presidente Donald Trump anunció que no continuará el programa migratorio especial en beneficio los migrantes de Haití que viven en los Estados Unidos. Hasta el momento, los haitianos contaban con un Estatus de Protección Temporal (TPS en sus siglas inglesas) pero ahora tendrán un plazo de 18 meses, hasta julio de 2019, para legalizar su residencia en los Estados Unidos o regresar a su país de origen, pues dejarían de ser residentes legales.
De este modo, el Gobierno norteamericano lleva a cabo su política de restricciones a los migrantes en el país. Una medida similar fue adoptada hace dos semanas respecto del caso de 5.300 inmigrantes nicaragüenses, que disponen también deberán regularizar su residencia o irse en enero de 2019.
Desde 1990, el TPS permite conceder visados extraordinarios a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales, como el terremoto que en 2010 devastó Haití. El Gobierno de Washington considera que ha cesado la situación de emergencia en la isla haitiana y no se justifica el aplicar el programa.
La medida ha suscitado las reacciones de organizaciones de la sociedad civil estadounidense, como el Center for American Progress que criticó la decisión calificándola de “poco sabía”, considerando los efectos que dos huracanes que se han abatido sobre Haití en estos meses. La Casa Blanca está presionando el Departamento de Seguridad Nacional para expulsar a 57.000 migrantes de Honduras y unos 200.000 provenientes de El Salvador, amparados por el TPS.
El Departamento está estudiando el caso de los hondureños, quienes pudieron ingresar a Estados Unidos luego de los efectos del huracán Mitch, en 1998. Pero la política del presidente Trump va por más y prevé retirar permisos temporales de residencia legal a unos 800.000 migrantes, denominados “soñadores” (dreamers, en inglés) que llegaron al país siendo niños. El debate sigue vigente y luego del próximo 5 de marzo será el Congreso el que deberá pronunciarse a través de una ley.
