Más de la mitad vive en el país desde hace más de 20 años, el 88% trabaja. Tienen 18 meses de tiempo para conseguir un permiso legal.
Unos 200.000 inmigrantes de El Salvador que viven en los Estados Unidos deberán regularizar su situación en el país en el plazo de 18 meses. De lo contrario, serán considerados ilegales y podrán ser deportados. El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes el levantamiento del programa especial que les aseguraba el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés).
Es un duro golpe de la administración Trump contra los inmigrantes. Muchos de estos salvadoreños llegaron hace años huyendo de la guerra civil que azotó su país entre los años 80 y 90 y también luego de dos devastadores terremotos en 2001. Sus hijos nacidos en los Estados Unidos tienen ciudadanía, por tanto, los deportados serían los padres.
En base a datos del Centro de Estudios Migratorios, más de la mitad de los 200.000 salvadoreños amparados por el TPS vive en los Estados Unidos desde hace más de 20 años; el 88% trabaja y el 10% se ha casado con estadounidenses. Sin embargo, su inserción en la sociedad no es tenida en cuenta por la administración que avanza en su política de mano dura con la inmigración.
Los críticos del TPS sostienen que en los países de origen han cesado las causas de inseguridad que provocaron la migración y que se trató de una protección temporal y no permanente. Los defensores, en cambio, refutan que sea seguro deportar a los migrantes.
El Gobierno ya ha cancelado el TPS para 59.000 refugiados de Haití, 5.300 nicaragüenses, un millar de sudaneses y para julio se analizará la situación de 86.000 hondureños. Por otra parte, en los últimos dos años han sido deportados unos 39.000 salvadoreños que ingresaron recientemente a los Estados Unidos, lo que estaría demostrando que no habría situaciones de inseguridad que impidan la aplicación de la medida.
Tanto en el caso del TPS como en el caso del programa DACA, que permitió amparar a unos 800.000 migrantes que llegaron de niños a los Estados Unidos, el Gobierno trasladó el problema al Congreso. De hecho, una modificación del régimen por la vía legal podría buscar una solución permanente. Sin embargo, en el Legislativo controlado por el partido de Trump, el Republicano, no ha sido posible encontrar una solución al problema. Los conservadores republicanos miran de reojo al fenómeno de la migración, aunque no adhieran a las posturas radicalizadas del presidente.
La posibilidad de que terminen siendo expulsados del país más de un millón de personas en gran parte ya integradas, y que, como en el caso de los protegidos por el DACA, llegaron siendo niños supone una mirada distorsionada del fenómeno migratorio que considera más los prejuicios instalados que el aporte de los migrantes al país. No se analiza los efectos del tiempo de permanencia en el país que ha actuado a favor de su integración.
Más que un problema social, es un problema político que aprovecha para fines electorales el descontento de sectores de la población blanca socialmente más postergada culpabilizando a los migrantes.
