Desde hace diez días los trabajadores estatales protestan contra un ajuste que recorta sus beneficios e incrementa impuestos. La Iglesia media en el diálogo.
La huelga del sector público en Costa Rica dura desde hace diez días y está paralizando a la gran parte del país. Han quedado suspendidas áreas como la educación, la salud, pero también la distribución de combustible –realizada por una empresa pública–, al tiempo que hay cortes de ruta que impiden la llegada de la mercadería a los puertos para su exportación.
Ayer los sindicatos de trabajadores y representantes del Gobierno se reunieron en la sede del episcopado católico costarricense, que ha intentado mediar en el conflicto, pero el único resultado conseguido es el compromiso de volver a juntarse en 24 horas más y en otra sede. Desde el Gobierno se ha señalado que no estaban dadas las condiciones de seguridad en la sede episcopal, lo que señala la tensión existente, que en estos días ha desembocado en choques entre huelguistas y policías.
El presidente Carlos Alvarado ha presentado un plan económico que intenta reducir el déficit fiscal, actualmente equivalente a más del 7% del PBI. El plan incluye la pérdida de beneficios para los trabajadores del sector público, el incremento de impuestos y la reducción del gasto público. Si bien el Ejecutivo asegura que el mayor peso del ajuste recaerá en el 80% sobre el sector más pudiente del país, eso no ha convencido a los sindicatos que protestan por la pérdida de beneficios y aseguran que la huelga seguirá hasta que el Gobierno no retire el proyecto de ley que ajusta los números de la economía. Para seguir la evolución de la situación, el presidente Alvarado ha cancelado su asistencia a la Asamblea General de la ONU, prevista para la semana que viene en New York.
