El Legislativo controlado por la mayoría fujimorista se opone a reformar radicalmente el sistema judicial, envuelto por un escándalo por corrupción.
La pulseada entre el gobierno del presidente de Perú Martín Vizcarra y la oposición fujimorista, que controla el Congreso unicameral, está llegando a su punto más álgido. La oposición no ha aprobado en 40 días los proyectos de ley que necesita Vizcarra para avanzar en su mandato. El Ejecutivo depende, por otro lado, de una moción de confianza que, si por dos veces es negada por el Congreso, el presidente tiene facultad de disolverlo y convocar a nuevas elecciones. Algo que Vizcarra ha señalado estar dispuesto a hacerlo.
Desde que estalló la crisis por la corrupción del sistema de justicia, se ha puesto en evidencia las diferencias con el fujimorismo que está obstaculizando su reforma, al tiempo que se suceden decenas de manifestaciones ciudadanas en las principales ciudades para exigir la salida de los jueces y fiscales que forman parte de la trama de corrupción.
El jueves pasado, en las protestas populares se pedía la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, involucrado en el escándalo y, además, se exigía el cierre del Congreso, que no termina de aprobar el dictamen de ninguno de los cuatro proyectos de ley enviados por el Ejecutivo hace 40 días, lo que no permite que sean discutidos por el pleno del Legislativo. Las modificaciones en la Constitución deben ser primero aprobadas por el Parlamento para luego ser sometidas al referéndum anunciado en julio por Vizcarra. El principal proyecto de ley es el que dispone cambiar la forma de elección de los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros fueron suspendidos el 20 de julio por el Congreso durante una legislatura extraordinaria convocada por Vizcarra.
El mandatario ha convocado para una nueva legislatura extraordinaria para el miércoles 19. El CNM es el órgano que nombra, ratifica y destituye a jueces y fiscales, y ha sido utilizado para ubicar a jueces funcionales al sistema corrupto de manera de servir a políticos e industriales, tal como se ha evidenciado en los audios difundidos por los medios de prensa. Entre otros acusados de ser parte de la red corrupta, figuran empresarios vinculados al fujimorismo, funcionarios públicos de ese sector político.
La fiscal provincial Sandra Castro, ha informado que la organización criminal estaba encabezada por el juez supremo César Hinostroza, amigo de Chávarry, que también forma parte de la red. De un total de 34 juntas de fiscales superiores del país, 29 de las 34 han solicitado que el fiscal general sea apartado del cargo. El proyecto de ley del Ejecutivo peruano propone que los integrantes del CNM sean elegidos mediante un concurso público de méritos, y cuenta con el apoyo del 68% de la opinión pública.
En el Congreso el partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, ha hecho todo lo posible por obstaculizar el avance de los proyectos impulsados por Vizcarra. “Exhorto, a los congresistas a sumarse a esta lucha frontal contra la corrupción y a adoptar las medidas que la Constitución les permite, aceptando la cuestión de confianza planteada y aprobando las cuatro reformas”, dijo el presidente este domingo. Vizcarra recalcó: “Recojo el clamor popular, basta de comprar y vender derechos y dejar impune los delitos de los que trasgreden nuestro sistema legal y enferman a nuestra sociedad”. La férrea oposición del fujimorismo puede transformarse en un boomerang político de proporciones en caso de llegar a nuevas elecciones en este contexto.
que lo disuelva ¿Cómo es posible que los seguidores del criminal Fujimori sean votados?