Martín Vizcarra puso la cuestión de confianza sobre proyectos de ley que, de ser rechazados, lo facultan para disolver el Congreso y llamar a elecciones.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, está decidido avanzar hasta las extremas consecuencias en su lucha contra la corrupción. Para ello, está dispuesto a disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones si no se aprueba una serie de proyectos de ley cuyo objetivo es evitar que la inmunidad de ciertos cargos, incluyendo el de legislador, se transforme en impunidad. El conflicto se origina con la mayoría opositora que controla el Legislativo, formada por los fujimoristas de Fuerza Popular, que disponen de más de la mitad de los 130 parlamentarios, al tiempo que la bancada oficialista se limita a no más de una veintena de bancas. El fujimorismo se ha negado a apoyar la reforma del Poder Judicial llevada a cabo por Vizcarra a raíz de sonantes escándalos por tráficos de influencias. Su principal líder, Keiko Fujimori, está con prisión preventiva acusada por el delito de lavado de dinero y financiación ilegal.
Vizcarra pretende aplicar las prerrogativas que le otorga la Constitución, para ese fin, acompañado de su gabinete ministerial en pleno y todos los gobernadores regionales, pidió la cuestión de confianza al Congreso, controlado por el fujimorismo, con el fin de que se aprueben cinco proyectos de ley ya presentados que, según dijo, “buscan que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad”. De no aprobar esas propuestas en la Cámara “sin vulnerar su espíritu”, así como un pedido específico para que los congresistas le retiren la inmunidad al controvertido ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien ha amparado las maniobras ilegales de Fuerza Popular, caería el gabinete de Vizcarra y este tendría la facultad de disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias.
Los proyectos prevén que las personas condenadas no puedan ser candidatas a cargos públicos, eliminar el voto preferencial que favorece a unos candidatos sobre otros, garantizar la participación política de las mujeres con paridad y alternancia y prohibir el uso de dinero sucio en las campañas políticas.
La inclusión en la cuestión de confianza de Chávarry, acusado de formar parte de una red de corrupción de jueces y fiscales y cuya inmunidad defienden en el Congreso el partido fujimorista Fuerza Popular y sus aliados del Partido Aprista (cuyo líder, el ex presidente Alan García se ha suicidado hace más de un mes, cuando la policía intentó arrestarlo acusado por corrupción) añade un aspecto político y legal que no parece que sea fácil de aceptar por los rivales de Vizcarra.
La Constitución establece que el Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza, si ésta es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del Gabinete. En caso de que ello ocurra a dos gabinetes de un mismo gobierno, el presidente de la República tiene el derecho a disolver el Congreso.
Es la segunda vez que Vizcarra plantea una cuestión de confianza, ante hechos graves. En septiembre de 2018, lo hizo para conseguir la aprobación de cuatro reformas constitucionales presentadas para atajar la corrupción política, económica y judicial en el país.
