Entre 2.200 y 4.000 civiles inocentes fueron asesinados presentando los hechos como enfrentamientos armados. Ocurrió entre 2002 y 2008.
Se suele señalar que, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002 – 2010), la lucha de las fuerzas armadas colombianas contra las guerrillas en el país consiguió rotundos resultados. El más destacado suele ser el control del Estado sobre las vías de comunicación, ya que hasta ese entonces varias ciudades y zonas de Colombia estaban virtualmente aisladas. Los jefes de unidades eran presionados por los altos mandos para que tuvieran resultados, también numéricos, neutralizando o abatiendo a guerrilleros. Eso llevó a que oficiales inescrupulosos llegaran a asesinar civiles inocentes, para luego presentar ese crimen como guerrilleros abatidos en enfrentamientos armados.
Las cifras oficiales de los así llamados “falsos positivos”, según las investigaciones realizadas por la Justicia, indican que hubo más de 2.200 asesinatos. Pero las organizaciones de la sociedad civil que intervienen en la reconstrucción de los hechos, sostienen que fueron al menos 4.000. No era infrecuente que la producción de “falsos positivos” contara con la cooperación de los grupos paramilitares, interesados en eliminar personas incómodas, líderes sociales o potenciales adversarios en el territorio controlado. Los pueblos originarios también pagaron su cuota de dolor.
El fantasma de los “falsos positivos” ha vuelto a agitar las aguas de la política colombiana, desde que el presidente Iván Duque ha nombrado como Jefe del Ejército al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien fue segundo comandante de una brigada que el Ministerio Público acusa de por lo menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales. Martínez Espinel era parte de la comandancia de la unidad cuando se produjeron 23 de los casos señalados.
El debate sobre el tema se reavivó luego de que el diario español El País entregara documentos sobre lo falsos positivos atribuidos a la unidad de la que Martínez Espinel fue segundo comandante. A su vez, el mes pasado el diario The New York Times reveló la existencia de una directiva interna del ejército que insta a aumentar el número de rebeldes muertos. Esa orden podría volver a poner a riesgo la vida de civiles en nuevos casos de falsos positivos.
El Senado deberá confirmar o no el nombramiento del general acusado, el cual sostiene que cuando ocurrieron los hechos investigados desarrollaba funciones administrativas. No piensa lo mismo el responsable de la ong Human Right Wach, José Miguel Vivanco, quien sostiene que el oficial “nunca rindió cuentas ni ha dado explicaciones serias” al respecto. Desde que asumiera como presidente Duque, hombre del sector político de Uribe, han sido ascendido nueves generales investigados en casos de “falsos positivos”, por participación directa o indirecta.
