Un juez federal de los Estados Unidos avala que el ex mandatario sea entregado a la justicia de su país para ser procesado por corrupción.
La Justica de los Estados Unidos avala la extradición del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli para que sea procesado por corrupción.
El juez federal Edwin Torres dispuso la aplicación de la medida porque “encontramos que existen motivos razonables para suponer que [Martinelli] es culpable de todos o algunos de los delitos imputados”, indicó en el fallo el magistrado.
Agregó que la solicitud de extradición cumple con todos los requisitos establecidos en el tratado bilateral de 1904 y los convenios multilaterales.
“Después de un cuidadoso análisis de todo el expediente, la evidencia presentada en las audiencias de extradición, junto con los argumentos orales y los documentos aplicables, la moción es concedida y el Tribunal concluye que Martinelli es extraditable por los cuatro supuestos delitos, según el tratado entre Estados Unidos de América y Panamá del 25 de mayo de 1904, la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas del 9 de diciembre de 2003 y la Convención contra el Ciberdelito del 7 de enero de 2004 [Convención de Budapest]”, escribió Torres.
Ahora que el juez certificó la extraditabilidad de Ricardo Martinelli, el caso pasa al Departamento de Estado. Mientras tanto, Torres ordenó que el ex presidente se mantenga bajo la custodia de los alguaciles, en el Centro de Detenciones Federales de Miami, contiguo a la Corte del Distrito Sur de la Florida.
En reiteradas ocasiones, los abogados del ex mandatario han prometido una “larga lucha” para impedir que su cliente sea enviado a Panamá, después de ser detenido el pasado 12 de junio por alguaciles federales, cerca de su mansión de $8.2 millones en Coral Gables. Si la defensa apela la decisión del juez Torres, el caso deberá ser conocido por los jefes del Quinto Circuito Judicial, con sede en Atlanta.
Martinelli es requerido por la supuesta comisión de cuatro delitos: interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; peculado por malversación, y peculado de uso. El magistrado fiscal Harry Díaz pide una condena de hasta 21 años de cárcel.
