El ELN propone una nueva hoja de ruta en la que asume el compromiso de interrumpir su actividad armada y delictiva y de aplicar un nuevo cese al fuego.
Luego de la interrupción de las negociaciones decidida por el presidente Juan Manuel Santos, y a casi seis meses de la asunción de un nuevo presidente, el ELN y los países garantes impulsan reanudar el proceso.
A comienzos de enero finalizó el primer cese al fuego bilateral entre la guerrilla y el Gobierno colombiano. Se esperaba una prolongación del acuerdo y su mejora, sin embargo, ante la escalada de ataques armados y atentados del ELN que provocaron decenas de muertos y heridos, Santos interrumpió las negociaciones.
En estos días, además de contactos reservados, el país anfitrión de las negociaciones, Ecuador, Chile como país garante, la ong Amnistía Internacional, y el propio grupo armado están proponiendo volver a sentarse a las mesas de negociación.
Hay una hoja de ruta preparada por el ELN que está circulando en los medios de comunicación, según la cual la guerrilla propone un importante desescalada de la acciones violentas, el cese de ajusticiamiento de civiles, de los atentados y los ataques armados, el cese de la adquisición y fabricación de armas, de las extorsiones, el recurso a la actividad de narcotráfico, y el empleo de menores, entre muchos otros puntos.
El ELN propone sobre esta nueva base una ampliación del alto el fuego hasta el próximo 7 de agosto en el que pide a las fuerzas públicas no realizar ataques y no proceder contra guerrilleros salvo en caso de delitos flagrantes. Asimismo, el ELN propone reanudar el diálogo en Quito, constituyendo dos mesas de trabajo, una dedicada al proceso de paz y otra a la aplicación del alto el fuego.
Se espera la respuesta del Gobierno, mientras que en el país se registra un crecimiento de la violencia. Eso se debe a que grupos paramilitares y bandas criminales están tratando de ocupar territorialmente el espacio ocupado por las FARC mientras seguía en rebeldía. Esta violencia ha cobrado la vida de un gran número de líderes sociales, muchos de ellos campesinos, que intentan defender los derechos de las comunidades amenazadas por la violencia. Con frecuencia eso ocurre en territorios rurales, de difícil acceso y alejados de los grandes centros, con escasa presencia del Estado, donde hay mucha presencia de narcotraficantes.
