Para Deisy Ventura, experta en pandemia y derecho internacional, con su actitud, el presidente Bolsonaro podría ser acusado de crímenes contra la humanidad. La carta abierta del episcopado brasileño, indignado porque el presidente ha obstaculizado las medidas contra el contagio.
Si quien sacó el tema de una posible acusación de genocidio o, en todo caso, de crímenes contra la humanidad contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no fuera un miembro de la Corte Suprema, Gilmar Mendes, probablemente el tema no hubiera adquirido tanta trascendencia. De hecho, no se hubiera transformado en un terreno tan espinoso. No porque la acusación carezca de fundamento. Lo tiene, y mucho. Pero lamentablemente, también las cuestiones basadas en fundamentos científicos –lo hemos visto en las polémicas en torno a la pandemia– ahora pasan por el tamiz de las redes sociales. Sabemos que allí, paradojalmente, no se ponen en juego los argumentos sino las sensaciones. Y así como Bolsonaro llegó a la presidencia también porque en las redes sociales tomaba fuerza la “sensación” de que ganaría, en las mismas redes, tal vez, la idea de un proceso por genocidio podría parecer como tendencialmente lejana.
Pero -siempre hay un “pero” que interviene en la historia-, Mendes hizo saber públicamente que las fuerzas armadas estarían apoyando un gobierno dirigido por un presidente pasible de tal acusación. Que quede claro, no es que Mendes posea un gran capital de prestigio sobre sus espaldas, todo lo contrario. Es el símbolo de la habilidad de las figuras públicas capaces, como los gatos, de caer siempre de pie, haciendo uso de sus “siete vidas”. No obstante, sigue siendo un hombre del derecho, y si bien no se puede descartar que su iniciativa esté movida por segundas, y hasta terceras, intenciones, todo el mundo sabe que el magistrado tiene bien en claro qué entiende por genocidio tanto el Estatuto de Roma (que instituyó el Tribunal Penal Internacional) como el código penal brasileño.
Las referencias para tal acusación –que debe ser investigada y probada– existen, son muchas y está documentadas por Deisy Ventura, una autoridad académica en materia de relación entre pandemia y derecho internacional de la prestigiosa Universidad de San Pablo, docente invitada por el Instituto de Estudios Políticos de París, el famoso Sciences Po. Ventura dialoga en una larga entrevista realizada por Eliane Brum, escritora y periodista brasileña, que apareció la semana pasada en el periódico español El País. Después de haber analizado las diferencias entre los distintos crímenes contra la humanidad, entre los que figuran el exterminio y el genocidio, Ventura señala que un estudio minuciosamente documentado habla de una clara intención por parte de Bolsonaro y de su gobierno de obstaculizar de distintos modos las medidas para afrontar la pandemia que él mismo definió como una “gripecita”, socavando con su intervención ante la opinión pública las recomendaciones de los expertos acerca de tomar seriamente la enfermedad.
Ventura cita el Boletín Oficial, donde se documenta que el presidente vetó de manera inexplicable las medidas aprobadas por el Parlamento el pasado 2 de julio –por lo tanto bastante tarde, considerando que la pandemia ya estaba instalada desde hacía meses– con respecto a la obligación del uso de tapabocas. La serie de vetos también prohibió la obligación de colocar carteles en los centros comerciales indicando el modo correcto de utilizar los tapabocas, de establecer un número máximo de personas en cada negocio o actividad, de usar el tapaboca en las cárceles, en las escuelas y en los lugares de culto. Ventura menciona, además, el retraso en el envío de fondos a los Estados de la federación para afrontar la crisis sanitaria y las amenazas contra los gobernadores más activos en ese sentido, a menudo bajo presión.
Entre las medidas objeto del veto, Bolsonaro incluyó también aquellas contempladas en la ley número 14.021, relativas al plan de emergencia para afrontar el Covid-19 en los territorios indígenas, habitados por pueblos y comunidades originarias.
Alarmados por estas actitudes, el conocido religioso dominico Frei Betto y la Conferencia Episcopal de Brasil han tomado posición de manera determinante. El religioso acusa al gobierno de genocidio, sin medias tintas.
Más prudentes, los obispos brasileños, en una carta abierta dirigida al presidente manifestaron con decisión su indignación por los 16 vetos aplicados por Bolsonaro a la citada ley y que consideran “injustificables e inhumanos porque niegan derechos y garantías fundamentales para la vida de los pueblos originarios, como el acceso al agua potable y segura”. Los obispos señalaron que tal proceder atenta contra la Constitución Federal al abolir la obligación de asegurar el acceso al agua potable y a los productos de higiene, de ofrecer camas de hospital y de terapia intensiva, respiradores y máquinas para la oxigenación sanguínea, la alimentación y la ayuda de emergencia, violando el principio de la dignidad de la persona.
Teniendo en cuenta que el sistema inmunológico de las poblaciones indígenas no posee los anticuerpos contra las enfermedades con respecto a las cuales el resto de la población es inmune, impedir con el veto la distinción por la pertenencia a una comunidad indígena constituye otro atentado contra la salud de estos pueblos, a menudo menospreciados por Bolsonaro y tratados como una piedra en el zapato frente a los intereses económicos que se concentran en la región amazónica que, de hecho, la actual gestión no está protegiendo en absoluto.
Los obispos concluyen su documento con la crítica hacia las razones presupuestarias adoptadas por el presidente para vetar las medidas mencionadas. Para Ventura, la intencionalidad de hacer “limpieza” de sectores socialmente incómodos, como los afroamericanos y los indígenas, siguiendo la idea nefasta de privilegiar la economía, es algo evidente.
Quien escribe estas líneas está convencido, al menos en el plano político, de que estamos frente a hechos de extrema gravedad que deberían inducir a la comunidad internacional a intervenir, porque cuando se atenta tan descaradamente contra la vida (en el país los muertos son más de 87 mil) ya no es una cuestión de política local o doméstica. En Brasil se muere, no por error, ni por incompetencia y menos por negligencia: se provoca la muerte. Para decirlo con Cicerón: Quousque tandem abutere… patientia nostra (“¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia?”).
Fuente: Città Nuova
