Ha conseguido un indiscutible triunfo con una distancia de once millones de votos por sobre su adversario, Fernando Haddad.
Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil. No hay dudas de que el suyo ha sido un rotundo triunfo: 55,1% por sobre el 44,8% conseguido por su adversario del Pt, Fernando Haddad. Casi once puntos de diferencia que significan unos 11 millones de votos.
Tuvo un efecto decisivo el rechazo contra el Pt, más que contra Haddad, quien tuvo una positiva gestión como alcalde de San Pablo, la ciudad más poblada del Brasil, con casi la misma cantidad de habitantes que todo Chile, unos 18 millones de habitantes. Ha causado hartazgo la incapacidad del partido de izquierda de autocrítica, ante el descalabro provocado en el país, la corrupción que ha llevado a la cárcel al su cúpula y sin que ello significara un cambio profundo de conceptos políticos y de renovación interna. Una izquierda estatalista, que no se anotició de la necesidad reemplazar el subsidio fácil a los sectores carenciados con planes productivos que incentiven la autonomía y no el clientelismo.
Bolsonaro ha sintetizado estos factores transformando el PT en el mal de todos los males, soslayando que la corrupción atraviesa todo el sistema político. También se benefició de que la opinión pública de gran parte de sus votantes se construyó con base a campañas de noticias falsas, como la que se refería a que los planes educativos del Pt contemplan enseñar pedofilia en las escuelas…
Entre los partidos contagiados por el cáncer de la corrupción hay que incluir a sus posibles futuros socios de gobierno: los partidos más conservadores que ahora tendrán una la oportunidad de mantenerse en el poder. En efecto, en un congreso sumamente fragmentado entre 30 agrupaciones, Bolsonaro deberá encontrar socios para gobernar. En Diputados, su grupo parlamentario cuenta con 52 legisladores sobre un total de 530. El PT lo supera con 57. Y se sabe, a cambio de gobernabilidad, estos partidos negociaran todo, como lo han hecho con el actual mandatario, Michel Temer.
El eje de la campaña de Bolsonaro ha sido la seguridad. Es un problema grave en el país. Los homicidios el año pasado han sido 67 mil. El flamante presidente cree que es necesario recurrir más a las fuerzas armadas, armar a la gente y levantar las garantías en caso de que las fuerzas policiales maten a alguien (un policía que no mata no es un policía). El problema es que la policía mata, ejecuta a delincuentes, además tortura y cuando controla el territorio, en algunos casos, también extorsiona. Cinco mil del total de muertos han caído bajo el fuego de las fuerzas policiales. No parece ser una medida oportuna la de permitir el gatillo fácil en este contexto. Bolsonaro quiere armar también a los ciudadanos, para que en caso de que alguien entre en su propiedad puedan disparar sin problemas legales. Quiere instalar liceos militares en todas las capitales de estado del país. Propone bajar la edad de ingreso a la cárcel a los 16 o 17 años. Si las protestas de sindicatos o trabajadores agrarios se realizan en terrenos privados, propone tipificar como terrorismo tales actos.
Sus ideas en materia económica son un condensado de principios neoliberales aprendidas leyendo los dichos de Trump. Quiere acabar con el déficit estatal y bajar la inflación a un 4,5%, quiere privatizar empresas y no se sabe si aplicará su rechazo a China como comprador, en línea con su anticomunismo. Al mismo tiempo, promete bajar la edad para la jubilación, 61 años para hombres y 56 años para las mujeres. Como su colega de la Casa Blanca, anunció que se saldrá del Acuerdo de París sobre cambio climático. Los agricultores que quieren arrasar con la Amazonia para ampliar la superficie cultivada celebran la iniciativa, se preocupan los ambientalistas y aquellos que saben que el Acuerdo de París implica certificaciones internacionales y también clientes que por ello compran productos brasileños. Dar marcha atrás puede provocar menos exportaciones.
Los sectores productivos y financieros del país han apoyado el proyecto de Bolsonaro. Saben que es afín a su visión de la distribución de la torta de la riqueza en el país, que es uno de los más desiguales de América latina. Asegura buenas ganancias y mayor control de la protesta social. A cambio, se obtiene, teóricamente, mayor seguridad. Es la paradoja que vive la ciudadanía de la región, en la que una mayoría prefiere mejor seguridad en lugar de mejor democracia, como si esta última no pudiera brindar mejor seguridad.
