Esta tarde la sede del Ministerio de Economía será testigo de una nueva reunión entre los representantes de los gremios docentes y funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal en el marco de la paritaria 2018.
Hasta el momento, las partes no han podido arribar a un acuerdo producto de las grandes diferencias en cuanto a las pretensiones y objetivos que ambos persiguen.
Desde el gobierno insisten en que la inflación anual no superará el 15 por ciento y, por tal motivo, se niegan a incorporar un ajuste automático en los salarios de los trabajadores del sector educativo (cláusula gatillo), como así también ratificaron que el incremento salarial no puede superar las metas inflacionarias fijadas por el gobierno nacional. Además, exhortan a los gremios a poner sobre la mesa de negociación la problemática del ausentismo docente y plantean adicionar a los sueldos un plus por presentismo, el cual varía entre 6 mil a 4 mil pesos, según la cantidad y motivo de inasistencias.
Por su parte, los gremios rechazaron de plano el aumento del 15 por ciento por considerar que la inflación para el corriente año no se ubicará por debajo del 20 por ciento y exigen a la administración que comanda la gobernadora María Eugenia Vidal que apruebe, al igual que lo hizo en el 2017, la cláusula gatillo como resguardo de que los maestros no perderán poder adquisitivo frente a la inflación.
Con respecto al ausentismo, los representantes gremiales han manifestado públicamente su voluntad de avanzar en el diálogo sobre este tema pero insisten en que el ejecutivo provincial exponga cifras y estadísticas reales.
La falta de acuerdo paritario impidió que el pasado 5 de marzo las clases iniciaran con total normalidad, ya que se ejecutaron dos paros que impidieron que muchos alumnos no pudieran asistir a clases en diferentes escuelas radicadas en el territorio bonaerense.
Lo cierto es que esta tarde (14 horas) los representantes sindicales y los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires tendrán una nueva oportunidad para –mediante el diálogo– intentar avanzar en un acuerdo que permita destrabar el conflicto. Por supuesto que para que esto sea posible las partes tendrán la responsabilidad de disminuir las diferencias existentes, ya que si esto no ocurre el conflicto no sólo se extenderá sino que también volverán las medidas de fuerza a las escuelas públicas bonaerenses.
Un fallo a favor de los gremios docentes
La “batalla” entre los gremios docentes y el gobierno de María Eugenia Vidal no sólo se limita a la paritaria 2018, sino que además se desarrolla en el plano judicial. Esta semana, la justicia falló a favor de los sindicatos y ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) que retire – “de forma inmediata”– de su sitio web el instructivo para que los trabajadores puedan desafiliarse a las entidades gremiales.
Según el fallo judicial, la decisión se enmarca en que esta conducta (del gobierno de la provincia de Buenos Aires) resulta “contradictoria con los derechos inherentes a la libertad sindical” y, por tal razón, ordenó su “cese inmediato”.
Al respecto, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (Feb), Mirta Petrocini, sostuvo: “habíamos denunciado la clara intención antisindical del Gobierno provincial para fomentar desafiliaciones masivas y hoy la Justicia nos dio la razón una vez más”.
No es demasiado difícil sacar conclusiones de la marcha de las negociaciones paritarias; que en realidad de negociación no tiene nada; una de las partes tiene objetivos y no manifiesta voluntad de negociar nada. Por informes y reportes de organismos internacionales, nada sospechados de opositores, todo lo contrario señalan que la meta del 15% no es realista; incluso un economista argentino conservador señalo que la meta del 15% nació muerta; y la colocan en 20% arriba, entre 21 y 22,5%. Si la gobernadora está segura de que la pauta del 15% se cumplirá uno se pregunta “Cual es el inconveniente de incluir la clausula gatillo, que no se disparará si no se disipará la inflación”. Si a esto se le agrega el botón virtual en la web para desafilarse de las organizaciones gremiales; y las amenazas de todo tipo sufridas por los dirigentes gremiales durante las negociaciones; si además le sumamos la acusación ilegal por persecutoria e inconstitucional de acusar a algunos dirigentes de kirchneristas; uno puede ser lo que decida llegamos a la conclusión de un intento claro del gobierno provincial y nacional de achatar los salarios docentes, y doblegar la dignidad de todos y cada uno como ciudadanos y docentes. La demonización pública que se monto sobre el cuerpo docente es un atentado gravísimo contra las bases mismas de la construcción de ciudadanía. El docente enseña y construye los cimientos de la comunidad, deslegitimar al docente es destruir las bases mismas de la República y la Patria. Me siento contrariado y avergonzado.