Los sondeos indican una gran mayoría de catalanes a favor de la unidad nacional. Se avanza en la toma de posesión de las autoridades provisionales.
Para las fuerzas de seguridad fueron 300.000 personas, pero para los organizadores más de 1.300.000 de ciudadanos catalanes salieron, este domingo, a manifestarse a favor de seguir unidos a España.
La iniciativa fue convocada por la Societat Civil Catalana que quiso así reaccionar dando una señal inequívoca de que no solo la mayoría de los catalanes no desean la independencia, sino que ésta es promovida por una minoría. Sondeos recientes ubican en apenas el 29% los partidarios de separarse de España, al tiempo que el 65% está a favor de la unidad nacional. Un 46% estaría de acuerdo con un proceso de garantías legales de autonomía, mejorando el régimen seguido hasta ahora, un 19% apoya el modelo autonómico sin cambios. Además, un 52% está a favor de la disolución del legislativo y la convocatoria a elecciones realizada por el gobierno de Madrid, fijadas para el 21 de diciembre, un 43% rechaza ir a las urnas.
Los números indican que el camino de ruptura adoptado por el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y los independentistas del legislativo local, no representa ni mucho menos a la mayoría de los catalanes. La declaración de independencia ha sido una tentativa ilegal, y torpe en lo político, de imponer la decisión de un sector restringido, alimentado por un discurso radicalizado, a partir de un justo reclamo de mayor autonomía y de apertura para con la identidad específica de esta comunidad.
Antes del fin de semana Puigdemont, no sin cierta presión de los grupos independentistas, proclamó la independencia catalana cruzando el Rubicón político, logrando que desde Madrid se aplicara sin falta la constitución destituyendo al jefe de gobierno y al Parlement y cosechando un rotundo rechazo en el exterior donde muchos países declararon que solo reconocen una España unida.
La toma de posesión de las autoridades previsionales que se harán cargo de la gestión durante estos escasos dos meses de transición, se está realizando sin incidentes. El jefe policial (mossos) ha sido reemplazado por su número dos y lo mismo está ocurriendo con los ministros. Mientras se espera un nuevo pronunciamiento del máximo tribunal español, la Fiscalía General anuncia que promoverá una causa penal contra Puigdemont y los independentistas que han llevado a una situación de ruptura.
Terminará, posiblemente, en un proceso penal un proceso que debería haber seguido por la senda del diálogo y la negociación política. Algo que quizás habría respaldado una muy amplia mayoría de catalanes. Primó la miopía y la visión de corto plazo, faltó la capacidad de armar una propuesta con sentido común y eminentemente política.
