El Jefe del Ejército alcanza el más alto escalafón pese a haber sido comandante en segunda de una unidad acusada de asesinar a civiles.
Por 64 votos a favor y uno en contra, al tiempo que 43 legisladores se retiraron del recinto por protesta, el Senado de Colombia dio la venia para ascender al Jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, al máximo grado de general. La derecha hizo cuadro en torno al militar cuestionado por haber sido el segundo al mando de una brigada blindada que hace 15 años habría participado del asesinato de civiles inocentes, presentado como enfrentamientos con guerrilleros armados. Martínez Espinel también ha sido cuestionado por emanar una orden interna en la que insta a tener resultados en la lucha contra los rebeldes, que podría generar la misma situación que años atrás provocó el asesinado de civiles. Tales casos son conocidos como “falsos positivos”. Presionados por presentar resultados – incluso cuotas mensuales – en la lucha contra la insurgencia armada, varias unidades presentaron como bajas de guerrilleros en enfrentamientos el asesinato de civiles. El 97% de estas muertes, que la fiscalía señala en torno a más de 2.200 pero que las organizaciones de la sociedad civil cifra en más de 4.000, se verificaron entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe.
En el debate, Álvaro Uribe defendió a los militares acusados de tales delitos con el argumento de que más de 500 fueron absueltos y habló de falsas acusaciones. No mencionó el ex presidente que hay más de 5.600 procesados, que la última condena fue contra 21 oficiales condenados por este delito a penas muy duras y que hay 1.236 uniformados luego de condenas más leves gozan del beneficio de la libertad transitoria. Un fiscal fue destituido por haber obstaculizado las investigaciones, por lo que en algunos casos las absoluciones pueden haberse beneficiado de una justicia poco dispuesta a investigar.
Los legisladores que se retiraron protestaron por la decisión de la mayoría del Senado de incluir el ascenso de Martínez Espinel al de otros uniformados, como un único paquete y no por separado. Por otra parte, varios otros legisladores señalaron que la discusión era política ni penal ni disciplinaria. Los legisladores, además, indicaron que ser segundo al mando de una brigada y además, como en el caso del general cuestionado, ser jefe de estado mayor de la misma, supone no solo tareas administrativas, sino la preparación de planes detallados, órdenes, informes y otras actividades complementarias, vigila las acciones del estado mayor para que se produzcan los resultados deseados; aprueba las acciones del estado mayor y obtiene que lo haga el comandante, de manera que Martínez Espinel no puede desligarse de los hechos endilgados a la unidad militar.
