Es en rechazo a una reforma fiscal que ajusta la economía ante el incremento del déficit fiscal y la deuda pública.
Comienza en Costa Rica la tercera semana de huelga en protesta por la reforma fiscal que impulsa el presidente Carlos Alvarado. La reforma contempla el incremento de impuesto y reducciones de beneficios para los trabajadores del sector público. El propio mandatario reconoce la problemática que implica la reforma, pero la considera necesaria para evitar una crisis económica. “Estoy convencido que la aprobación de este proyecto de ley es la única forma de evitar una inminente crisis. Su aprobación no sólo es necesaria, sino que también es urgente”, dijo Alvarado el 9 de septiembre, antes del inicio de la huelga sindical. “La reforma fiscal es un trago amargo, soy el primero en reconocerlo, pero es la única forma que tenemos a la mano para salvar este país”, añadió.
El proyecto tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13% al IVA de la misma tasa, que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar, con exenciones en servicios como electricidad y agua, dependiendo del consumo. También contiene incrementos en renta de capital y la creación de la renta global, entre otros.
Los sindicatos afirman que hace meses acudieron a mesas de diálogo con el Gobierno y que no fue tomado en cuenta un documento que presentaron con 39 iniciativas fiscales, que no incluyen recortes en gastos y sí aumentos de impuestos a las empresas. Los gremios decidieron irse a huelga a partir del 10 de septiembre pasado, un movimiento que ha tenido impacto principalmente en el sector salud y en el de educación, con más de la mitad de los centros educativos cerrados. Los huelguistas también han bloqueado carreteras y las entradas a los puertos y planteles de distribución de combustibles, pero la policía ha intervenido para mantener libres las vías y activas las operaciones.
Gobierno y sindicatos han efectuado cuatro jornadas de diálogo “preliminar” con la mediación de la Iglesia Católica, sin embargo, no ha habido aún un acuerdo. Los sindicatos exigen que en esa mesa se elabore un nuevo proyecto de ley “justo y solidario” que sustituya el proyecto de reforma tributaria, mientras el Gobierno exige que termine la huelga para negociar. Alvarado sostiene que las propuestas sindicales pueden ser “complementarias” a la reforma fiscal y no sustitutivas.
Costa Rica registra un déficit fiscal creciente desde el 2008 y un aumento constante de la deuda, pues para cubrir sus gastos el Gobierno ha estado financiando con deuda más de la mitad de sus presupuestos anuales.
En 2017, el déficit cerró en un 6,2 % del PIB y para 2018 las previsiones oficiales lo sitúan en al menos un 7,1 %, mientras la deuda superará el 50% del PIB. Las condiciones en que Costa Rica conseguía financiación hace algunos años han cambiado, pues ya no obtiene plazos tan amplios ni tasas de interés cómodas. El Gobierno confía en que con la reforma aprobada se estabilicen las finanzas y mejoren las notas de las calificadoras de riesgo para así acceder a mejores condiciones de crédito en los mercados.
La reforma fiscal avanzó en el Congreso mediante un acuerdo multipartidario. El Gobierno afirma que el 82% del dinero que pretende recaudar con la reforma provendrán del 30% de la población con mayores ingresos, y solo el 4,8% se recargará al 30 % de la población más pobre.
